A un mes de que comenzara la racha de sismos en el área sur de la isla, el gobierno proyectó que en o antes del 24 de marzo todas las personas cuyas viviendas quedaron comprometidas habrán sido relocalizadas en viviendas permanentes o temporeras, de acuerdo con el plan establecido por la Administración de Vivienda Pública (AVP).
Según el administrador de la agencia, William Rodríguez, el gobierno –para propósitos de planificación– dividió en dos grupos a las cerca de 4,600 personas que se mantienen refugiadas, en función de la condición en que se encuentran los hogares según se realizan las inspecciones.
En uno de estos grupos se encuentran las personas cuyas viviendas han sido clasificadas bajo los códigos “rojo” y “amarillo”, es decir, que han sufrido daños mayores o menores, respectivamente.
Para el 23 de febrero, según el plan de AVP, se deberá haber completado el proceso de inspección de todas las residencias afectadas, de forma que las familias puedan ser referidas a los programas de vivienda asistida.
El segundo grupo, en tanto, abarca a las personas cuyas residencias no han sufrido daños durante los terremotos, pero que por temor a las potenciales consecuencias de los sismos han optado por permanecer en alguno de los refugios oficiales o improvisados.
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Estos casos, precisó Rodríguez, serán atendidos mediante servicios de apoyo psicológico y emocional en los mismos refugios, con el objetivo de que las personas recuperen la confianza en sus hogares y determinen regresar.
Este proceso, se indicó, estará a cargo de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, con apoyo de FEMA.
Rodríguez indicó que, hasta el momento, unas 300 viviendas inspeccionadas han sido clasificadas como “rojo”, y otras 500 han caído bajo “amarillo”. Según el coordinador en Puerto Rico de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), Alex Amparo, 4,881 viviendas han sido inspeccionadas por esa dependencia.
Sin embargo, Rodríguez aclaró que FEMA y el gobierno central llevan procesos paralelos de inspecciones, pero con objetivos distintos.
“Las inspecciones del Estado son para propósitos de las ayudas estatales. FEMA hace su propia inspección basada en los daños de la propiedad para atender la necesidad específica que tenga el desplazado”, dijo Rodríguez durante una mesa redonda con la prensa que convocó La Fortaleza.
“Para las inspecciones de FEMA buscamos los daños que haya sufrido la propiedad. No vamos a estar emitiendo certificaciones de si la propiedad es segura o no porque eso le corresponde al gobierno de Puerto Rico. Nosotros hacemos una inspección cuantitativa, de cuánto es el nivel de daños que haya sufrido esa propiedad”, agregó la especialista del Programa de Familia e Individuos de FEMA, Idamys De Jesús.
Amparo agregó que, hasta la mañana de hoy, FEMA había aprobado 1,077 solicitudes de asistencia para alquiler, entre cerca de 14,000 peticiones recibidas. Según el funcionario federal, ninguna solicitud ha sido denegada.
“Es muy temprano para decir eso. Las personas todavía tienen la posibilidad de apelar la decisión (si la solicitud es rechazada). Comenzamos desde el 17 de enero. El paso al que estamos es bien rápido” puntualizó Amparo.
Durante la conferencia de prensa, la gobernadora Wanda Vázquez informó que el programa de refugio temporero de FEMA (TSA, en inglés), en el cual personas desplazadas se alojan en hoteles, está contemplado al igual que ocurrió luego de la emergencia por el huracán María. No obstante, la mandataria precisó que, en esta ocasión, se identificarían habitaciones de hoteles disponibles en la isla.
Luego de María muchos de los refugiados fueron ubicados en hoteles en Estados Unidos.
Asimismo, el gobierno identificó la disponibilidad de $759,000 para asistencia a personas que hayan perdido su empleo a consecuencia de los sismos. Esta cantidad será reembolsada por FEMA.
El monto del beneficio se determinará caso a caso.
“Es un cálculo que se hace basado en su historial salarial. A base de eso se estiman los números”, dijo el director de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, Ottmar Chávez.
El beneficio puede extenderse por 26 semanas.