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Ayuda Legal Puerto Rico exige al Gobierno sacar a damnificados de los refugios

La entidad expuso que el Gobierno ya debe proveer vivienda temporal o permanente a quiénes están en los refugios tras los terremotos

Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) exigió hoy al gobierno una respuesta mucho más efectiva ante el desastre originado por los terremotos, con refugios libres de riesgos a la seguridad y a la salud pero, sobre todo, con un cambio inmediato de paradigma de refugiados de campamentos a viviendas.
“El desastre no ha terminado. Este es un tiempo muy crítico para las miles de personas que viven en condiciones paupérrimas, insalubres, inseguras y, en ocasiones, militarizadas”, dijo Adriadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de ALPR, en una mesa redonda para medios de comunicación celebrada hoy en la sede de la organización, en Santurce. “Los refugios no se pueden convertir en la nueva realidad. Exigimos que las 20,000 personas a quienes los terremotos han desplazado de sus hogares tengan acceso a ayuda inmediata y que en esa ayuda incluya viviendas, ya sea de manera temporera o permanente”, añadió.
La organización dedicada a defender el derecho a una vivienda digna comenzó esta semana a llevar brigadas legales comunitarias a las familias desplazadas. Estas brigadas estuvieron el martes con refugiados de Guánica, ayer lo hicieron en Yauco y mañana sábado se darán cita a Guayanilla. Godreau Aubert destacó que 175 personas, entre abogadas y abogados y estudiantes de Derecho, respondieron al llamado, tomaron un adiestramiento en línea de ALPR y están participando de las brigadas, donde escuchan las situaciones que les plantean los refugiados y llenan las solicitudes de asistencia individual con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Ayuda a damnificados

“Nuestra intención es acompañar a cada una de las familias afectadas por el desastre, ya sea porque perdieron sus hogares o porque viven en un estado de incertidumbre al todavía desconocer el verdadero estado de sus viviendas. Agradecemos profundamente a las abogadas y estudiantes probonistas que han hecho suyo este esfuerzo de acompañamiento”, dijo Godreau Aubert.
Destacó Godreau Aubert que la responsabilidad del gobierno no ha terminado. Por el contrario, el gobierno tiene la obligación de mantener los campamentos para refugiados en condiciones seguras y salubres. Explicó que una de las quejas que han recibido es que en los campamentos del gobierno se vive en un ambiente militarizado. También indicó que es urgente implantar protocolos de violencia de género para evitar la interacción de víctimas de esta violencia con sus agresores y para que no convivan en un mismo espacio físico niñas y niños y adolescentes con adultos que están en el Registro de Ofensores Sexuales.

Asimismo, denunció que personal del gobierno han lanzado amenazas, incluyendo remover la custodia de hijas e hijos, a quienes se nieguen a cambiarse de los campamentos organizados por las propias comunidades a los del gobierno.

 

Reubicación en viviendas

Para cambiar el paradigma de los campamentos de refugiados a reubicar en viviendas, explicó Godreau Aubert, el gobierno tiene la alternativa de hacer un inventario completo de propiedades residenciales re-poseídas por los bancos hipotecarios o que por alguna otra razón están ahora mismo vacantes y adquirir una parte para que las habiten las familias que han perdido su hogar. Recordó que, según los datos que dio el propio gobierno el 17 de enero, los terremotos destruyeron unas 700 viviendas.
Con este mismo propósito en mente, el gobierno de Puerto Rico también debe hacer un inventario de las habitaciones de hotel desocupadas, así como dar prioridad a las familias desplazadas en la adjudicación de los vales o vouchers del programa de subsidio para el alquiler de vivienda de la Sección 8 de la Ley federal de Vivienda.
También exigió tanto del gobierno de Puerto Rico como de la banca hipotecaria que demuestren su compromiso con el país con moratorias justas en el pago de las hipotecas a las familias afectadas por el desastre y la paralización de todo proceso de ejecución de hipotecas en los 15 municipios para los que se ha solicitado la declaración de desastre mayor.
Por su parte, Paula Fournier, abogada de ALPR, advirtió que el gobierno de Puerto Rico perdió un tiempo extremadamente valioso al esperar cuatro días entre la solicitud inicial de emergencia al gobierno federal, que solo sirve para pagar o reembolsar los gastos del gobierno puertorriqueño, a la solicitud de desastre mayor, que es la que permite que las familias acceder a ayudas federales. Para colmo, el gobierno puertorriqueño no incluyó a todos los municipios afectados en su solicitud inicial y esperó diez días para enmendarlo. “Esto fue una dilación completamente innecesaria”, denunció Fournier.

Urgen centros para solicitar ayudas

Entre tanto, Nicole Díaz, también abogada de ALPR, dijo que es urgente en cada uno de los 15 municipios para los que se ha solicitado una declaración de desastre mayor FEMA habilite centros accesibles, seguros y no militarizados para que las personas desplazadas puedan solicitar las ayudas a las que tienen derecho.
Asimismo, subrayó que las personas que carecen de un título o escritura sobre su propiedad tienen derecho a solicitar y recibir ayuda de FEMA. Además, recordó que estas personas no necesitan ir ante una abogada o abogado a que le autoricen una declaración jurada. “Existe un mecanismo, una declaración en la que jura ser dueña de la propiedad por una de las razones que aparecen en el documento y para el que la firma es suficiente. No hay que ir a un abogado. No queremos que se repitan los abusos de damnificadas de huracán María que pagaron 50, 60 y hasta 70 dólares por declaraciones juradas ante abogados que son innecesarias”, aseveró.
Por último, Verónica González, abogada, también, de la entidad, dijo que es necesario estar alerta ante los requisitos que impusieron en el Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) al programa de Subvenciones en Bloque de Desarrollo Comunitario para recuperación por desastre (Community Development Block Grant o CDBG-DR). A pesar de que decenas de miles de familias esperan desde hace más de dos años para que se hagan realidad las promesas de recuperación justa de sus hogares, ahora se necesitará de la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal y de un monitor federal para que la ayuda llegue a quien de verdad la necesita.
Las abogadas exhortaron a los interesados a acceder a www.recuperacionjusta.com para mas información sobre reclamos y como solicitar asistencia.

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