Contrario a lo que se había explicado ayer, el secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, aseguró que la gobernadora Wanda Vázquez no ha tenido acceso al informe “preliminar” que, a juzgar por las expresiones de varios funcionarios, parece descargar sobre el excomisionado de Manejo de Emergencias Carlos Acevedo toda la responsabilidad por el mal manejo del almacén con suministros que un grupo de ciudadanos descubrió en Ponce el pasado sábado.
“Yo les puedo asegurar que, personalmente, desconozco lo que dice ese informe. No podría yo especular si (el informe) incluye a otras personas (además de Acevedo). El informe fue directo a (el Departamento de) Justicia del NIE (Negociado de Investigaciones Especiales). Hay que esperar a que se culmine la investigación, y una vez esa investigación concluya se decidirá, y me imagino que la secretaria de Justicia (Dennise Longo) estará comunicando las acciones pertinentes tanto a la gobernadora como en Derecho proceda. El informe fue directo del NIE al Departamento de Justicia”, insistió Soto.
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Ayer, Pedro Janer, secretario designado del Departamento de Seguridad Pública (DSP), agencia bajo la cual se cobija el NIE, había dicho que el informe se discutiría con la gobernadora antes de realizar cualquier referido. Anoche, Vázquez anunció mediante comunicado de prensa que el informe se había referido a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia.
El secretario designado de Estado, Elmer Román, a quien la gobernadora le asignó el sábado “realizar una investigación minuciosa” sobre el manejo de suministros en el almacén de Ponce, precisó que él sí tuvo acceso al informe, y negó que su rol en la investigación representara un conflicto de interés. Hasta el 20 de diciembre pasado, Román se desempeñó como secretario de Seguridad Pública, puesto que lo convertía en supervisor directo del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) que dirigía Acevedo.
Longo, la secretaria de Justicia, no estuvo presente en la conferencia de prensa, pese a que antes de entrar a la reunión que sostuvo Vázquez con su gabinete había asegurado a miembros de la prensa que sí comparecería ante los medios una vez culminado el encuentro.
En su lugar, el Departamento de Justicia envió un comunicado en el que se detalla que tres fiscales trabajaron junto a agentes del NIE en la investigación, y que los hallazgos “serán integrados al sumario fiscal para un análisis más profundo y amplio”.
Aunque durante la conferencia Soto manifestó que la política de Vázquez es que haya “completa claridad”, el gobierno reiteró que, por tratarse de una investigación en proceso, los detalles del informe no se harían públicos.
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Defienden la sombrilla
Tanto Román como Janer, quien lo reemplazó a la cabeza del DSP, plantearon que la responsabilidad de ejecutar las disposiciones del Plan Catastrófico del gobierno (Jocip, en inglés) con relación a los almacenes administrados por el Nmead recaía únicamente sobre Acevedo.
Román apuntó que, en la página 54 del Jocip, firmado por Vázquez y Román en agosto de 2019, se establece que Nmead deberá realizar un inventario de sus dos almacenes, ubicados en Guaynabo y en Ponce.
“El secretario del DSP, que ahora es el secretario Janer, su responsabilidad es establecer la política pública y correr la parte administrativa. A través del Jocip la gobernadora y yo establecimos que las directrices son que se va a hacer un inventario de todos los materiales que tienen en los centros que le pertenecen a (Nmead) y FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) hace lo mismo. En este caso, como jefe de agencia, usted confía que el personal que está a cargo de la responsabilidad operacional de hacer ese inventario y que le dice que ese inventario se ha completado y está todo organizado y listo para ejecutar, usted entiende que así va a fluir la operación”, sostuvo Román.
Sin embargo, Román admitió que no se presentó documento alguno que certificara que ese inventario de los almacenes en Ponce y Guaynabo, en efecto, se hubiera concretado, sino que solo hubo comunicación verbal entre Acevedo y él.
“Estamos hablando de que yo tenía siete agencias, que hay mucho trabajo administrativo y a usted le está certificando el jefe de operaciones de una agencia que ya se hizo el trabajo”, argumentó Román.
Por su parte, Janer justificó la estructura del DSP, organismo sombrilla creado en 2017 al amparo de la Ley 20 compuesto por siete agencias, incluyendo Nmead.
“El DSP solo lleva dos años. Es un concepto que ha funcionado en muchos otros estados de la nación americana, por qué no puede funcionar aquí. Tenemos que ponerle ganas y deseo. El departamento no falló, quienes fallaron fueron individuos. Esos individuos se van a acoger a algún tipo de disciplina que será determinada en otra ocasión, una vez la investigación por completo esté terminada. En este momento estamos en la primera fase de la investigación”, subrayó el funcionario.
El ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes, quien supervisa todo el proceso de respuesta del gobierno en la emergencia, indicó que se realizó un análisis inicial de los suministros en el almacén de Ponce para poder determinar cuáles podrían ser entregados a comunidades en necesidad, pero que aún no se ha completado el inventario de los artículos que deberán ser decomisados por encontrarse expirados.
