La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Elba Aponte favoreció el jueves que se establezcan procesos de fiscalización más rigurosos en el Departamento de Educación (DE) y que sean más fuertes las consecuencias para aquellos funcioanrios que cometan ilegalidades en el uso de fondos.
Esto, luego que la exsecretaria de la agencia, Julia Beatrice Keleher fuera procesada por las autoridades federales en un nuevo caso supuestamente de corrupción.
“Definitivamente eso no tiene nombre. Es frustrante que eso ocurra. Mientras por un lado nuestros estudiantes sufrieron los cierres de escuelas, se estaba alegadamente dando esta dinámica”, dijo Aponte en entrevista radial (NotiUno).
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El miércoles el fiscal federal Stephen Muldrow, anunció que Keleher y el contratista Ariel Gutiérrez Rodríguez fueron arrestados y acusados por su supuesta participación en un esquema de soborno y conspiración para cometer fraude de servicios honestos. La alegación es que Keleher aprovechó su posición como secretaria de Educación para obtener un apartamento en Ciudadela, Santurce. El mismo supuestamente fue de alguna forma financiado por el contratista Ariel Gutiérrez-Rodríguez, a cambio de un compromiso de Keleher para ceder la Escuela Padre Rufo a una empresa privada.
“Creo que para el país este impacto es muy grande porque cuando tenemos una persona que se supone estuviera velando por el bienestar de la educación, porque los estudiantes y las escuelas tengan lo más óptimo y la calidad, por otro lado se dan estas dinámicas donde posiblemente hay una corrupción de tal magnitud en unas circunstancias en las que el país tenía unas necesidades tan grandes”, agregó Aponte.
Sostuvo que en el país hay personas capacitadas y honestas para transformar el DE. Sin embargo, dijo que “tenemos que ser más rigurosos en la parte de fiscalización y el monitoreo de los fondos y las acciones económicas y administrativas que se toman en el Departamento”.
“Ya con esas experiencias que hemos vivido tenemos que crear unos estándares para que a nivel de la Legislatura y a nivel administrativo tengan también consecuencias muy graves para las personas que sean culpables de estos delitos”, apuntó.
Agregó discutirá con el secretario del DE, Eligio Hernández sobre la posibilidad de establecer una junta fiscal en la agencia, cosa que nunca antes se había hecho.
“Tienen que haber monitores, tienen que haber auditores, tiene que haber una fiscalización grande porque las partidas que se mueven en la agencia son partidas de grandes cuantías. Todo lo que venga para fiscalizar y para tener un control con ese dinero y el uso de fondos es muy bueno para estas iniciativas”, finalizó.