Otra acusación contra Keleher por ceder terreno de escuela a cambio de beneficios

La exsecretaria de Educación, Julia Beatrice Keleher, y el propietario de una firma de bienes raíces, Ariel Gutiérrez Rodríguez, fueron acusados ayer por presuntamente participar de un esquema de soborno y conspiración para cometer fraude de servicios honestos, anunció el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico W. Stephen Muldrow.

La acusación presentada por un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico incluye nueve cargos, entre ellos por conspirar para cometer fraude de servicios honestos, fraude electrónico, a Keleher por aceptar un soborno y a Gutiérrez por pago de un soborno.

Keleher se entregó en Filadelfia, donde compareció ante un magistrado, mientras que Gutiérrez Rodríguez hizo alegación de no culpabilidad en el Tribunal Federal de Distrito en San Juan.

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La acusación formal alega que el propósito de la conspiración era que Keleher usara su posición oficial como secretaria de Educación para enriquecerse solicitando y aceptando cosas de valor de otros, y para que otros se enriquecieran obteniendo acciones oficiales favorables de Keleher a través de la corrupción.

El acusado Gutiérrez Rodríguez facilitó la recepción de beneficios financieros por parte de Keleher en relación con su arrendamiento y compra de un apartamento en el complejo de apartamentos Ciudadela en Santurce, Puerto Rico, a cambio de que Keleher firmara una carta que pretendía entregar 1,034 pies cuadrados de la Escuela Padre Rufo a una empresa privada.

Keleher vivió en Ciudadela pagando una renta nominal de $1 de junio a diciembre de 2018, según el pliego acusatorio. No informó en sus estados financieros ante la Oficina de Ética Gubernamental el regalo de vivir en Ciudadela por $1, beneficio estimado en más de $20,000. Tampoco informó el bono de $12,000 como incentivo por “comprar” el apartamento de Ciudadela.

Mientras, firmó una carta de intención para ceder al desarrollador de Ciudadela 1,034 pies cuadrados de la Escuela Padre Rufo. Empleados de Educación entrevistados por los federales indican que se sintieron presionados para dar paso a la cesión del terreno.

Los federales cuentan con una serie de correos electrónicos sobre estas transacciones.

El desarrollador de Ciudadela, Nicholas Prouty, fue el primer presidente de la Junta de Directores de la Puerto Rico Education Foundation (PREF), entidad privada mediante la cual Keleher pretendía aumentar su salario a $500,000. La PREF también costeó los salarios de ayudantes de la entonces secretaria de Educación y de un sistema de mentores por región educativa con salarios de entre $125,000 y $250,000. Los fondos provenían de donativos privados. La acusación de ayer no se relaciona con la PREF.

“La corrupción pública continúa erosionando la confianza entre los funcionarios del Gobierno y nuestros ciudadanos. La demandada Keleher explotó su posición en el Gobierno para beneficiarse a sí misma y a otras personas privadas”, dijo el fiscal federal Muldrow.

Añadió que “a los funcionarios del Gobierno se les confía el desempeño de sus funciones de manera honesta y ética. Cuando no lo hagan, serán obligados a rendir cuentas”.

“Cualquier persona involucrada en el soborno de un funcionario público busca poner sus propios intereses por encima de los del pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, esos partidos corruptos eventualmente pagarán un precio mucho más alto al sistema de justicia penal, y continuaremos entregándolos al tribunal federal. Este ha sido nuestro compromiso con el pueblo de Puerto Rico y tenemos la intención de mantenerlo en los próximos años”, dijo Douglas A. Leff, agente especial a cargo del FBI.

De ser hallados culpables, los acusados ​​enfrentan posibles condenas de hasta 10 años por conspiración y soborno de programas federales, y hasta 20 años por fraude electrónico.

“Es un caso flojo”

La abogada de Keleher, la exfiscal federal María Domínguez opinó ayer en el programa Los Fiscales que el caso de la fiscalía es flojo. De hecho, dijo que hay una tendencia de fiscalía federal a que cuando los casos no van prosperando como quisieran, radican otras acusaciones, en referencia a la segunda acusación del senador Abel Nazario.

Domínguez indicó que estará estudiando la nueva acusación, pero que su clienta, como cualquier persona, tenía derecho a hacer negocios privados y que, en las negociaciones de compraventa, se estilan acuerdos que inician con renta para culminar en compra. Domínguez insistió en que hay animosidad en Puerto Rico contra Keleher.

Educación reacciona sin decir nada

El Departamento de Educación se mantiene en colaboración continúa con todas las agencias investigativas, incluido el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). Por este ser un caso que está en la etapa inicial de un proceso judicial, y dándole total deferencia tanto al Departamento de Justicia Federal como a los acusados, a quienes los cobija la presunción de inocencia, no haremos expresiones adicionales sobre este asunto”, lee el escueto comunicado de la agencia.