El arresto a Keleher es por ceder terreno de una escuela por un apartamento

La exsecretaria de Educación, Julia Beatrice Keleher, y el propietario de una firma de bienes raíces, Ariel Gutiérrez Rodríguez, fueron acusados por presuntamente participar de un esquema de soborno y conspiración para cometer fraude de servicios honestos, anunció hoy el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico W. Stephen Muldrow.

La Oficina Federal de Investigación está a cargo de la investigación.

La acusación presentada ayer por un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico incluye nueve cargos, entre ellos, por conspirar para cometer fraude de servicios honestos, fraude electrónico, a Keleher por aceptar un soborno y a Gutiérrez por pago de un soborno.

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La acusación formal alega que el propósito de la conspiración era que Keleher usara su posición oficial como Secretaria de Educación para enriquecerse solicitando y aceptando cosas de valor de otros, y para que otros se enriquecieran obteniendo acciones oficiales favorables de Keleher a través de la corrupción.

El acusado Gutiérrez Rodríguez facilitó la recepción de beneficios financieros por parte de Keleher en relación con su arrendamiento y compra de un apartamento en el complejo de apartamentos Ciudadela en Santurce, Puerto Rico, a cambio de que Keleher firmara una carta que pretendía entregar 1,034 pies cuadrados de la Escuela Padre Rufo a una empresa privada.

“La corrupción pública continúa erosionando la confianza entre los funcionarios del gobierno y nuestros ciudadanos. La demandada Keleher explotó su posición en el gobierno para beneficiarse a sí misma y a otras personas privadas”, dijo el fiscal federal Muldrow.

Añadió que “a los funcionarios del gobierno se les confía el desempeño de sus funciones de manera honesta y ética. Cuando no lo hagan, serán obligados a rendir cuentas”.

“Cualquier persona involucrada en el soborno de un funcionario público busca poner sus propios intereses por encima de los del pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, esos partidos corruptos eventualmente pagarán un precio mucho más alto al sistema de justicia penal, y continuaremos entregándolos al tribunal federal. Este ha sido nuestro compromiso con el pueblo de Puerto Rico y tenemos la intención de mantenerlo en los próximos años”, dijo Douglas A. Leff, agente especial a cargo del FBI.

Julía Keleher vivió en Ciudadela pagando una renta nominal de $1 de junio a diciembre de 2018.

No informó en Ética Gubernamental el regalo de vivir en Ciudadela por $1 (Un peso), beneficio estimado en sobre $20,000. Tampoco informó el bono de $12,000 como incentivo por “comprar” el apartamento de Ciudadela.

Mientras recibía beneficios de vivir por $1 en Ciudadela y bono de descuento por comprar el apartamento, Julia Keleher firmó una carta de intención para ceder al desarrollador de Ciudadela 1,034 pies cuadrados de la Escuela Padre Rufo.

El caso está siendo procesado por el abogado litigante sénior José Capó-Iriarte y el fiscal federal adjunto Alexander Alum.

Si se los encuentra culpables, los acusados ​​enfrentan posibles condenas de hasta 10 años por conspiración y soborno de programas federales, y hasta 20 años por fraude electrónico. Los cargos contenidos en la acusación son meras acusaciones. Los acusados ​​se presumen inocentes a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad.

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