La cadena de sismos que hemos experimentado en Puerto Rico nos ha hecho vivir experiencias que jamás habíamos vivido como pueblo. Hace tanto tiempo que no sucedía en Puerto Rico que es un asunto novel para las presentes generaciones.
Una imagen que nos ha marcado es la de la escuela Agripina Seda en Guánica al desplomarse como consecuencia del sismo del pasado martes. Es inevitable pensar en el horrible escenario que habríamos vivido si el terremoto hubiera ocurrido en horas de clase. Todos los que tenemos hijos en escuelas públicas estamos escandalizados con la revelación del secretario de Educación que pone en tela de juicio la capacidad de nuestras escuelas de sostenerse ante el embate de un terremoto de magnitud considerable, como a los que estamos expuestos en la isla. Esa declaración significa que más de 800 escuelas serían una trampa mortal para los hijos de la clase media y baja en caso de un terremoto de intensidad considerable. Ese dato destapa un cuadro de negligencia crasa de los Gobiernos de los pasados 30 años para atender un asunto de importancia suprema como este.
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Pero ese fallo del pasado no puede ser excusa en el presente.
Esta abominable revelación impone la responsabilidad indelegable al Gobierno actual de ejecutar una estrategia efectiva para darles seguridad a los niños y tranquilidad a las familias, sin perder de perspectiva que la falta de credibilidad gubernamental es un enorme obstáculo para cumplir con esa meta.
Para salvaguardar el proceso, el Gobierno debe encargar en un ente independiente el análisis y publicación de los resultados de este importante ejercicio. El país no puede y no aceptará secretos de Estado o intentos de maquillar información, como continúa siendo la costumbre del Gobierno.
Le corresponde a la gobernadora Wanda Vázquez garantizar la inspección inmediata de los planteles y permitir la divulgación clara y sin fantasmeos de los resultados y planes de acción a seguir. El tiempo corre y los padres y madres esperamos respuestas, pero sobre todo sensibilidad de parte de quienes tienen el deber de proteger a sus ciudadanos; en este caso, a nuestros hijos, hijas y personal escolar.
