Ante la vulnerabilidad de los planteles escolares de la isla evidenciada ante los estragos causado por los temblores recientes, el Departamento de Educación inició ayer inspecciones en las escuelas con ingenieros estructurales, aunque al cierre de esta edición no había querido ofrecer información sobre qué mecanismo se utilizó para la gestión.
Tras el colapso de la escuela Agripina Seda en Guánica y de que el secretario de Educación, Eligio Hernández, admitiera que el 95 % de las estructuras escolares no cumple con los códigos de construcción, se determinó que las clases no comenzarán hasta nuevo aviso, de manera que se pudieran completar las evaluaciones.
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Una maestra que prefirió no ser identificada denunció que a una escuela en Canóvanas llegó un empleado de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) que se limitó a mirar la planta física desde fuera y, “supuestamente, la certificó”. Según dijo, cuando llevó su preocupación a otros foros, dado que no se trataba de un ingeniero, el mismo empleado de AEP regresó al plantel y aseguró que, posteriormente, sería evaluada por el Cuerpo de Ingenieros. “Nuestra preocupación es que no se le dé la seriedad, por ser el norte, no se certifique con la rigurosidad que se requiere”, expuso la educadora.
Y aunque el secretario de Educación Eligio Hernández se encontraba en horas de la noche reunido con la gobernadora Wanda Vázquez, la agencia no quiso emitir declaraciones sobre su procesos de inspección sobre seguridad en las escuelas.
Por su parte, el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Battle, expresó que la meta era que las clases comenzaran el lunes 13, pero “la realidad al presente es que esto hay que verlo de región en región y caso a caso. Hay unas regiones que han sido más impactadas”.
Dijo que la idea es verificar si las escuelas “están aptas, listas, y si la comunidad se siente que está preparada para regresar a esa escuela, no solamente por la posibilidad de que fuera un refugio, sino para poder comenzar la cotidianidad de las clases, que también puedan asistir”, añadió. Aseguró que un grupo de ingenieros e ingenieras trabajarán de forma voluntaria directamente con el DE y que se han ofrecido a acelerar este proceso. “Esa coordinación hay que hacerla de manera oportuna, pero también de manera rigurosa y detallada entre el secretario y el equipo de trabajo”, planteó el secretario de la Gobernación. Explicó que “lo que puedan adelantar los municipios, que tienen una comunicación directa con sus directores regionales y el propio secretario, se agradece, y una vez estén certificadas y el secretario se sienta cómodo con que los estudiantes pueden regresar, lo notificará a la gobernadora”. Sostuvo que será la gobernadora Wanda Vázquez quien anunciará la forma y manera en que comenzarán las clases. No obstante, no pudo precisar cuánto tiempo tomará evaluar todas las escuelas.
Mientras, el director del Negociado de Manejo de Emergencias (Nmead), Carlos Acevedo, destacó que la mandataria dio hasta el viernes para inspeccionar las escuelas.
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Sostuvo que un ingeniero estructural —cuyo nombre no mencionó— evaluó la escuela Agripina Seda en Guánica luego del temblor de 5.8 grados y en ese momento pasó la inspección. Sin embargo, tras el movimiento de 6.6, colapsó. No obstante, los ingenieros Ricardo López y José Martínez Cruzado, del Recinto Universitario de Mayagüez, habían recomendado no utilizar la estructura después del sismo de 5.8. Ante esa discrepancia, Acevedo contestó: “La de Guánica fueron inspeccionadas por ingenieros. Ellas estaban para poderlas utilizar. Se cae en el 6.6. Es igual que te digo: hay residencias en zancos que aguantaron el 5.8. y en el 6.6 se cayeron. Hay estructuras que te van a aguantar una magnitud, pero no te van a aguantar otra magnitud. Si hubiera sido ese de 6.6, si hubiera sido 6, a lo mejor la escuela no se cae, o si hubiera sido 5.8 tampoco”, fue su explicación de por qué pasó la inspección.
Expresiones encontradas sobre contratación
Sobre la información vertida de que el DE contrató a una compañía para asignarles las inspecciones de escuelas, Pabón Battle y Acevedo tuvieron versiones dispares. El primero dijo que no se vislumbraba contratar, aunque se podía hacer por la declaración de emergencia. “En este momento, no le puedo decir que vamos a ir a buscar un contratista, porque inmediatamente ocurrieron los eventos y bajamos a las áreas afectadas. Ya había personas dispuestas y disponibles a trabajar con nosotros y el Gobierno de Puerto Rico en este esfuerzo de manera voluntaria”, indicó el titular de la Gobernación.
En cambio, Acevedo detalló que “anoche (el martes) le pregunté si lo estaban haciendo ingenieros internos, él (Hernández) contrató a una compañía externa de ingenieros, que son los que están haciendo las inspecciones para Educación, y Edificios Públicos están haciendo las de ellos y se están ayudando ambas”.
Tras el huracán María, la reapertura de los planteles escolares tomó más de un mes debido a una controversia con la contratación de una empresa que tendría cargo la inspección de todas las escuelas. CSA Group fue la empresa contratada por Nmead para inspeccionar todos los planteles del sistema público del país. El contrato —firmado seis días después del huracán— tenía un plazo de 90 días por una cuantía de $800,000. Sin embargo, la empresa tardó tanto en completar el trabajo y contratación fue tan abrupta y cuestionada que, finalmente, se les canceló el acuerdo el 3 de noviembre de 2017.
De otro lado, los alcaldes de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz; Cataño, Félix Delgado; y Guaynabo, Ángel Pérez, iniciaron sus propias inspecciones de las escuelas, particularmente de las que funcionan como refugio.
Manuel Guillama y Sadot Santana colaboraron en esta historia.
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