El nuevo año 2020 tiene fechas significativas para los procesos relacionados con la Ley Promesa, opinó el abogado experto en quiebras John Mudd.
El año comienza con la Asamblea Nacional por un Retiro Digno, que reunirá el 11 de enero a ocho organizaciones de jubilados del Gobierno en el Coliseíto Pedrín Zorrilla. Estos están en contra del recorte de un 8.5 % en las pensiones, tal y como acordó el Comité Oficial de Retirados (COR) con la Junta de Control Fiscal (JCF) y que está incluido en el plan de ajuste de deuda sometido ante la consideración del Tribunal Federal.
Las organizaciones reunidas bajo el nombre de Frente en Defensa de las Pensiones incluye a Construyamos Otro Acuerdo, la Federación de Pensionados y Jubilados de Puerto Rico (FPJ-PR) de la CPT, el Capítulo de Jubilados de la Federación de Maestros, Jubilados de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (JAPPU), el Capítulo de Jubilados del Colegio de Profesionales de Trabajo Social, Capítulo de Jubilados de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE) y Educadores Puertorriqueños en Acción. Estos evaluarán mecanismos de protesta en contra de la reducción de sus pensiones.
Por otro lado, queda pendiente que la jueza Laura Taylor Swain determine una nueva fecha para la vista en la que escuchará los argumentos a favor y en contra del acuerdo de reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El pasado 17 de diciembre, la jueza encargada de los casos de Promesa pospuso la vista que estaba pautada para el 14 de enero a petición de la JCF y el Gobierno. Sin embargo, hasta el momento no ha fijado una nueva fecha.
Mudd expuso que considera que en algún momento se debe dar esa vista sobre la transacción de la corporación pública. “Si no se aprueba esa vista porque la Legislatura se pone chavona y dice que no, entonces la cosa se pone interesante porque no puede haber plan de ajuste, y si no hay plan de ajuste se desestima la quiebra”, sentenció.
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Como en años anteriores, en junio, la JCF evaluará la propuesta de presupuesto para el año fiscal 2020-2021 que someta el Gobierno y decidirá si le da paso o si aprueba el que ellos elaboren. Durante los pasados dos años fiscales, el ente ha radicado su propio presupuesto y rechazado el del Gobierno.
Audiencias generales
De igual forma, continuarán las audiencias generales mensuales, que se realizan en el Tribunal Federal. La primera vista del año será el 29 de enero. Las siguientes están pautadas para el 4 de febrero, el 4 de marzo, el 15 de abril, el 3 de mayo, y el 3 de junio.
Las vistas en la segunda mitad del año serán el 29 de julio, el 16 de septiembre, el 28 de octubre, el 9 de noviembre y el 9 de diciembre de 2020.
Plan de ajuste de deuda del Gobierno Central
Durante 2020 también podría aprobarse el plan de ajuste de deuda del Gobierno, ascendente a $35,000 millones, así como las pensiones de los empleados públicos que ascienden a $50,000 millones.
El 27 de septiembre de 2019, la JCF radicó dicho plan en el Tribunal Federal. Este año iniciará el proceso de enmiendas, y luego, la jueza Barbara Houser, la encargada de la mediación de los casos según ordenó la jueza Swain, podrá iniciar el proceso de litigación.
En entrevista con Metro, la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, había estimado que el plan sería aprobado en el primer semestre del 2020.
Sin embargo, Mudd estimó que el plan no será aprobado en el nuevo año. “El del Gobierno no va a ser en el 2020, va a ser en el 2021. Lo que sí puede pasar es que el nuevo plan de ajuste del Gobierno, después de varias decisiones que tienen que ver con bonos, se van a anunciar en el 2020, por eso digo que no va a haber plan de ajuste”, manifestó.
El abogado expuso que, según la jueza Houser en la pasada vista ómnibus, hasta que no se resuelvan esos asuntos de los bonos, no van a poder transigir.