Buscan otorgar servicios médicos gratuitos a civiles de la Policía y Cuerpo de Bomberos

La representante Maricarmen Mas Rodríguez anunció el viernes la radicación de una medida que busca evaluar la viabilidad de incluir a empleados civiles del Departamento de Seguridad de Pública (DSP), particularmente aquellos de los Negociados de la Policía y Bomberos, como beneficiarios del derecho a recibir servicios médicos gratuitos en las instalaciones médico-hospitalarias municipales y estatales.

“Algunas organizaciones sindicales y empleados de los distintos Negociados que componen el Departamento de Seguridad Pública han hecho un reclamo público para que se les extienda a los todos los empleados civiles del DSP el derecho de recibir servicios médicos gratuitos en las instalaciones médico-hospitalarias municipales y gubernamentales. Algunos de estos reclamos han sido traídos por el Sindicato de Bomberos Unidos, que plantean que los empleados civiles, gerenciales e inspectores del Negociado de Bomberos tienen derecho al beneficio. Esta medida busca atender esa inquietud legítima”, señaló Mas Rodríguez en declaraciones escritas.

La legisladora, quien representa el Distrito #19 de Mayagüez y San Germán, detalló que la Resolución de la Cámara 1598 ordena a la Comisión de Seguridad Pública realizar una investigación para enmendar el Artículo 1.19 de la Ley 20-2017, mejor conocida como la ‘Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico’ a esos efectos.

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“Se plantea que ciertos empleados de los demás Negociados, específicamente de Manejo Emergencias y Administración de Desastres, Emergencias Médicas e Investigaciones Especiales, realizan tareas que por su naturaleza los exponen a los riesgos de un miembro del Negociado de la Policía de Puerto Rico o el Negociado del Cuerpo de Bomberos. Ante esta realidad, se argumenta que deben ser incluidos entre los funcionarios del DSP con derecho a obtener servicios médicos gratuitos en las instalaciones médico-hospitalarias municipales y gubernamentales”, agregó la también presidenta de la Comisión para el Desarrollo Integrado de la Región Oeste.

Indicó que durante el proceso de vistas públicas para la aprobación de la Ley 20-2017, varias organizaciones trajeron la inquietud de que la medida no garantizaba expresamente los derechos y beneficios laborales adquiridos hasta ese momento por los empleados de las entidades concernidas. Particularmente, se trajo la preocupación relacionada a la pérdida de los beneficios de servicios médicos gratuitos que concedían las leyes orgánicas de la Policía y el Cuerpo de Bomberos.