El acuerdo de reestructuración de deuda (RSA, por sus siglas en inglés) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el Plan Integrado de Recursos (PIR) del Negociado de Energía de Puerto Rico aumentarán el costo de la energía, lo que traería un efecto en cadena para los residentes, así como para pequeños y medianos comerciantes, advirtió Sergio Marxuach, director de política pública de CNE.
La organización de investigación de política pública detalló en una mesa redonda los detalles del acuerdo, y del PIR, que es una propuesta de 20 años para mejorar el sistema eléctrico de la isla.
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“No se están llevando los procesos legales por alguna razón”, señaló Marxuach.
Por su parte, Miguel Soto Class, fundador y presidente del CNE dijo que “aunque es legal, no es lo que Puerto Rico necesita”. Ambos recalcaron que la propuesta de gas natural tampoco es una garantía de que baje el precio de la energía eléctrica.
Las reflexiones de los portavoces del CNE se dan ante varias audiencias legales que se avecinan, pues en el mes de febrero se llevará a cabo una vista pública por parte del Negociado de Energía para discutir el PIR. Además, se espera que la jueza federal Laura Taylor Swain fije una nueva fecha para la vista en la que evaluará argumentos orales a favor y en contra del acuerdo de la AEE. El pasado 17 de diciembre, Swain concedió una petición de la Junta de Control Fiscal (JCF) y del Gobierno para posponer la vista que estaba pautada para el 14 de enero.
“La AEE y el Gobierno de Puerto Rico insisten en llevar a cabo una serie de acciones que aumentarán el costo de la electricidad, afectarán negativamente el crecimiento económico, incrementarán el desempleo y provocarán el descuadre del presupuesto de miles de familias. Los políticos y oficiales gubernamentales que ostentan el poder en estos momentos tendrán que rendirle cuentas al pueblo de Puerto Rico cuando eso suceda”, dijo Marxuach.
“El aumento propuesto por el RSA y los cargos de transición para proyectos de energía renovable se distancian de lograr la asequibilidad y sostenibilidad del sistema eléctrico, prioridades que se han promovido y vociferado por la mayoría de los grupos de consumidores del sistema eléctrico de Puerto Rico”, añadió Malu Blázquez, directora ejecutiva del programa de CNE ReImagina Puerto Rico.
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Complejo panorama a largo plazo
De igual forma, la entidad cuestionó la viabilidad de acuerdo en términos de si la corporación pública podría ser sostenible durante los cinco años posteriores al RSA, sin terminar nuevamente en quiebra.
Otro aspecto destacado por Marxuach fue la necesidad de $20,000 millones para reconstruir el sistema eléctrico tras los daños ocasionados por los huracanes Irma y María, así como la tardanza en el desembolso de los fondos federales.
