Mientras la pugna judicial entre el representante Ángel Matos y el Destination Marketing Organization (DMO) de Puerto Rico continúa, el legislador reiteró que la entidad no puede ocultar información pública, como son los gastos en nómina y detalles económicos en los contratos.
Matos indicó que la entidad debe revelar los gastos de nómina, ya que se trata de información pública que debe estar sujeta a escrutinio. De igual manera, objetó las expresiones realizadas esta semana por Tomás Ramírez, integrante de la Junta de Directores del DMO, quien insistió en la confidencialidad de los gastos de nómina y cifras detalladas en los contratos con suplidores.
“Eso no es confidencial. Puedes ir a cualquier agencia y vas a tener las escalas salariales de todo el mundo…[El DMO] tienen una escala salarial millonaria”, sostuvo el legislador en entrevista telefónica con Metro.
Ramírez —en entrevista con Radio Isla 1320— justificó la confidencialidad de la información sobre cifras de suplidores y los gastos de nómina. “Lo de nómina probablemente no está porque consideramos que lo que se gana una persona u otra, que no sea el CEO [Brad Dean] o alguna persona clave, debe ser privativo”, señaló Ramírez, quien también es vicepresidente de la Asociación de Paradores.
El martes pasado, Matos solicitó una orden de desacato a la jueza Lauracelis Roque debido a que la entidad no entregó toda la documentación que se le exigió a la agencia. Asimismo, argumentó que en algunos documentos sometidos se tachó información relacionada con los contratos.
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La jueza indicó que el DMO tiene hasta hoy para argumentar y oponerse a la solicitud del legislador del Partido Popular Democrático (PPD). Y aunque el viernes la entidad pidió al tribunal 20 días adicionales para presentar sus objeciones, ayer Anamari Caratini, portavoz del DMO, dijo a Metro que en efecto hoy “presentarán su respuesta” al tribunal.
“Previa a la solicitud de desacato, no se había recibido ninguna comunicación de parte del demandante objetando la producción realizada por DMO”, reza el documento legal presentado por la entidad.
Matos, de hecho, cuestionó las razones por las cuales el DMO no apeló la sentencia del 8 de noviembre que ordenó la entrega de contratos e información relacionada con gastos en la entidad creada en 2017 por virtud de la Ley 17.
“No hay mucho qué explicar. Los documentos son públicos y se tienen que entregar”, declaró Matos.
En su decisión del 8 de noviembre, la jueza del Tribunal de San Juan determinó que —pese a ser una corporación sin fines de lucro— el DMO es una entidad gubernamental para fines constitucionales del derecho de acceso a la información, por lo que los documentos del DMO son públicos.
En días recientes, legisladores como el senador novoprogresista Carmelo Ríos también se han expresado en contra de las gestiones de la entidad de turismo.