Un decreto del presidente Donald Trump que les otorga a los estados el derecho a rehusarse a recibir refugiados coloca a los gobernadores republicanos en una posición incómoda, ya que se encuentran en medio de un debate entre aquellos con estrictas posturas migratorias y los cristianos evangélicos que creen que ayudar a los refugiados es una obligación moral.
Otros aseguran que los refugiados son esenciales para cubrir vacantes y mantener a flote a las comunidades rurales.
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Más de 30 gobernadores han accedido a aceptar refugiados, pero alrededor de una docena de mandatarios estatales republicanos han permanecido en silencio mientras sopesan la decisión que deben tomar antes del 21 de enero para que las agencias de reasentamiento puedan obtener los fondos federales a tiempo para planear a dónde enviar a los refugiados.
El decreto de Trump requiere que los gobernadores expresen públicamente si aceptarán o no refugiados.
Mediante la nueva reglamentación, los refugiados no pueden llegar automáticamente a sus estados, incluso si hay ciudades o condados que los acepten. Hasta el momento, ninguno se ha rehusado a recibirlos.
Un condado de Dakota del Norte votó este mes a favor de no aceptar más de 25 refugiados el próximo año, después de indicar inicialmente que sería el primer condado en prohibir su presencia.
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Trump emitió su decreto en septiembre después de reducir el número de refugiados que aceptaría Estados Unidos en 2020 a 18,000, la cifra más baja de su historia. La disminución es parte de las labores del gobierno por reducir la migración legal e ilegal.
Con su decreto, Trump involucra nuevamente a los gobiernos estatales y locales en la conversación migratoria. Eso ha provocado enconados debates y ruidosas reuniones en varios estados, incluyendo Dakota del Norte y Wisconsin.
Trump señala que su gobierno actuó con respeto hacia las comunidades que creen que no cuentan con empleos suficientes para los refugiados. Los refugiados pueden trasladarse a cualquier parte del país después de su reasentamiento inicial.
