Jaresko: “Nadie va a dejar de dar servicios”

El Departamento de Corrección y Rehabilitación y portavoces de organizaciones correccionales describieron una crisis en la agencia, y aseguraron haber dejado de pagar a suplidores de alimentos por falta de presupuesto

Por Miladys Soto

Los servicios del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y de Salud Correccional se continuarán ofreciendo, aseguró ayer la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, luego de que en una audiencia pública la agencia subrayó la falta de pago a suplidores de alimentos por una deuda de más de cuatro millones de dólares.

De igual forma, entidades a favor de los derechos de los confinados destacaron que la agencia no atiende bien las condiciones de salud de los reos, ni les ofrecen dietas adecuadas, aparte de la incapacidad de comprar uniformes.

El secretario del DCR, Eduardo Rivera Juanatey, destacó en la audiencia que tienen un déficit de $28 millones en este año fiscal, $14 de ellos en el Programa de Salud Correccional. La deuda al suplidor de alimentos Trinity Services asciende a $4.5 millones.

“Para el DCR, los benchmarks que utiliza el plan fiscal parten de premisas equivocadas”, dijo durante su informe ante la Junta. Según alegó, los estimados del ente fiscal, tales como la cantidad de la población correccional y de necesidad de empleados, no están actualizados y por eso enfrentan el déficit millonario.

Rivera Juanatey indicó que el plan fiscal estima 10,239 confinados en el plan fiscal, pero actualmente el Departamento es responsable de 15,864 personas. Además, destacó que necesitan más oficiales para ser eficientes en el pago de horas extra. Otro aspecto que destacó fue el bajo salario que reciben los oficiales de Corrección.

De igual forma, el secretario de Corrección detalló que el plan fiscal recomienda el cierre de instituciones, lo cual a su juicio es imposible debido a que, al momento, tienen un 93 % de ocupación. “Nos encontramos en un nivel de ocupación complicada”, declaró Rivera Juanatey, quien agregó que los turnos de los oficiales son de 16 horas.

Junta cuestiona decisiones gerenciales

Tras el informe de la agencia, la Junta cuestionó los ahorros por el cierre de 8 instituciones desde 2018, cifra que el DCR no pudo precisar.

Aunque el secretario alegó que revisarán la petición de reprogramación de fondos, los miembros del ente creado por la Ley federal Promesa recalcaron la necesidad de medidas gerenciales que permitan una mejor utilización de los recursos.

“Aquí realmente, y creo que lo pudimos constatar, tenemos una situación parecida cuando tuvimos al Departamento de Educación. Hay muchas necesidades; eso lo sabemos. Sabemos que cuando uno elabora un presupuesto, está tomando ciertas decisiones, adjudicando presupuesto a lo que es verdaderamente importante. Pero es el presupuesto, eso es lo que hay, y tienes que trabajar con eso. Hay muchas decisiones que se han tomado, no por falta de presupuesto, sino que son temas gerenciales, opciones, decisiones que ha tomado la gerencia, no este señor propiamente, porque realmente acaba de llegar, pero, a través de los años que se han tomado, y esas decisiones tienen implicaciones presupuestarias”, recalcó Carrión.

Por su parte, Jaresko destacó que el CDR sometió un plan de implementación. Sin embargo, “no hay señales de ahorros reales al implementar el plan”.

Policías correccionales piden mejoras en salario

La Alianza Correccional Unida, Local 3500 SPUPR-AFSCME, solicitó a la JCF que evalúe los salarios que reciben los oficiales, quienes cada vez más se mudan a Estados Unidos para trabajar en instituciones carcelarias.

“La labor que realizan los oficiales correccionales son un servicio esencial para mantener las condiciones de seguridad en el país, pero que actualmente tienen una plantilla diezmada y sin motivación para continuar en el trabajo, lo que pone en riesgo el cumplimiento con la obligación del Gobierno y, a su vez, la seguridad pública”, declaró Benjamín Borges, portavoz de Servidores Públicos Unidos (SPU). La Alianza Correccional Unida, Local 3500 SPUPR-AFSCME, está afiliada a la SPU.

Por su parte, Madeline Gotay, de la Asociación de Confinados, destacó que más de un 30 % de la población penal es indigente, por lo que no puede comprar sus uniformes.

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