En una reunión comunitaria, matizada por el rechazo contundente de los presentes hacia la empresa AES, directivos y contratistas de la compañía presentaron alternativas para intentar limpiar el acuífero en el área de sus instalaciones en Guayama, contaminado con cenizas tóxicas de carbón.
Para Víctor Alvarado Guzmán, portavoz del Comité Diálogo Ambiental de Salinas, la empresa carbonera realizó la audiencia sólo para cumplir un requisito impuesto por la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA, por sus siglas en inglés).
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“Una vez más la AES ha quedado desmentida. Decían que las cenizas no eran peligrosas, pero resulta que contaminaron el acuífero con elementos tóxicos, en cantidades superiores al parámetro de seguridad. Obligados por la EPA presentan unas alternativas para tratar de limpiar el agua subterránea que no son efectivas y que causarían más daño a la salud de los residentes cercanos y al medio ambiente. Su plan fue rechazado por las comunidades presentes”, explicó Alvarado.
Durante la reunión, Aldwin Colón, residente de la comunidad de Miramar y sobreviviente de cáncer, increpó a la AES sobre la decisión de celebrar la audiencia en una comunidad lejos de la planta de carbón.
“Esta reunión se debió celebrar en la comunidad de Puente de Jobos, que es la más afectada, para que la gente de la comunidad llegue. Aquí (Bo. Olimpo) es difícil llegar y más con el contingente de policías que tú tienes afuera. Esto no es una verdadera oportunidad para que la comunidad se exprese. Esto es una oportunidad para ustedes engañar el sistema”, señaló Colón, quien es miembro de la organización Comunidad Guayamesa Unidos por tu Salud.
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Sobre la presencia de efectivos de la policía en el lugar, José Manuel Díaz Pérez, del Campamento contra cenizas en Peñuelas, criticó la excesiva movilización del contingente policiaco.
“Habían cerca de 70 a 80 agentes en el área, otros efectivos de la fuerza de choque estaban esperando instrucciones en un cuartel, vallas restringiendo las tres carreteras que daban acceso al local de la reunión, AES no permitió el uso del estacionamiento para personas de la comunidad, los vecinos del lugar no sabían de la reunión, contrataron guardia de seguridad privada, tenían detector de metales y realizaron un “cateo” a las personas que entraban. Esa reunión no cumplió con el propósito de motivar a la comunidad a participar de la misma. De parte de AES y la policía lo convirtieron en una zona de guerra”, comentó.
“La policía debe informar: ¿quién solicitó esa cantidad excesiva de agentes? ¿Quién ordenó dar protección a los directivos de una empresa privada? ¿Con cuántas semanas de anticipación la policía preparó el escenario restrictivo? ¿Cuánto dinero público se gastó en esa actividad? ¿La gobernadora Wanda Vázquez Garced sabía del operativo? Esta actitud abusiva del gobierno de utilizar dinero público y recursos para beneficio de intereses privados y en contra del pueblo, prostituye la función de la Policía de Puerto Rico y no puede quedar impune”, añadió Díaz Pérez.
