El senador independiente, José A. Vargas Vidot, radicó una pieza legislativa que persigue eliminar determinadamente y de una vez y por todas, el uso de fondos públicos para otorgar escoltas a exfuncionarios y exgobernadores.
El Proyecto del Senado 1464, mejor conocida como la “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, es una pieza de ley que limitará establecer servicios de seguridad, protección o escoltas de un gobernador, exgobernador o exfuncionarios públicos luego de culminar su término o mandato.
PUBLICIDAD
La Ley del Departamento de Seguridad Pública acogió una serie de criterios que busca enmendar el Artículo 2.16 de la Ley 20-2017. Ante esta iniciativa, la intención de la medida, es superar una controversia que ha deteriorado, a lo largos de los años, las finanzas del país.
“Es el momento oportuno donde la necesidad de un cambio generacional es evidente para estimular y demostrar a aquellos que ven y escuchan de nuestra cíclica racha de mala administración, que hoy damos un paso adelante, seguro y ejemplar de transformación integral”, indicó el senador.
La medida establece los siguientes cambios a la Ley actual:
- Limitar los servicios de escolta, seguridad y protección al gobernador de Puerto Rico, su familia y al secretario de seguridad pública (lo cual la Ley dispone ya);
- Disponer que el servicio de seguridad, protección o escoltas de un gobernador, cesará inmediatamente culmine su término;
- Prohibirle al Negociado de la Policía proveer servicios de escolta, seguridad y protección a cualquier funcionarios o exfuncionarios públicos, incluyendo exgobernadores, con la única excepción de que exista evidencia sobre amenazas que ponga en riesgo la vida del funcionario electo, jefe de agencia o exgobernador;
- Disponer del cese inmediato de la concesión de escoltas a exfuncionarios y exgobernadores;
- Y establecer la obligación de informes anuales al secretario de seguridad pública respecto al gasto en servicio de escoltas, seguridad y protección, y los fundamentos para el mismo.
El senador independiente mencionó que, entre los años 2013-2017, el erario público sufragó sobre $ 53 millones en escoltas a funcionarios, exfuncionarios, y exgobernadores. Un promedio de sobre $13 millones anuales. Asimismo, en un año, entre 2017 y 2018, el gobierno pagó cerca de $ 3 millones en horas extras a escoltas.
“Es un deber moral de hacer ajustes amparados en la prudencia y equidad; pues, exigir onerosos sacrificios a unos más que a otros, es una acción que deja una impúdica huella histórica. Usualmente, los sectores frágiles de la sociedad son los más afectados, porque ese tipo de medida raya en el lujo, una manía ostentosa de engrandecer el poder con ideas irracionales, necedades y cuantiosos gastos. Sencillamente, es una insensibilidad social crasa. El honor de haber sido un servidor o una servidora del pueblo de Puerto Rico, es el premio a dicho servicio y el despegarse con dignidad, aceptándose como uno más en el camino común de cualquier ciudadano, lo hace más digno todavía. El renunciar a esta “comodidad” significaría para algunos legisladores renunciar al derecho adquirido, postergar los cambios en la dirección correcta y perder de perspectiva el sacrificio individual y beneficio de algunos pocos versus el rendimiento de una ciudadanía con necesidades reales”, sentenció Vargas Vidot.
