La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico radicó hoy una moción que solicita una sentencia sumaria para anular la Ley 29.
La Junta, solicitó la acción legal debido a que la Ley 29 transferiría cientos de
millones de dólares de deuda de retiro municipal y obligaciones de servicios de salud al
Gobierno de Puerto Rico, ya que, entre otros asuntos, elimina la obligación de los gobiernos
municipales para reembolsar al erario público por los gastos de pensión de sus retirados. La
moción establece que la Ley 29 es inconsistente con el Plan Fiscal para Puerto Rico y que se
aprobó en violación a la Ley PROMESA.
“En aras de salvaguardar los intereses del pueblo de Puerto Rico debemos dar punto final a
estas prácticas lo más pronto posible sin incurrir en los gastos de un juicio prolongado”,
indicó la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión, Natalie Jaresko. “Los empleados del
Gobierno de Puerto Rico merecen que se les asegure una pensión a través de presupuestos
sostenibles y responsables. La responsabilidad fiscal y los presupuestos balanceados que
exige PROMESA se basan en prácticas probadas y transparentes para asegurar que el
Gobierno siempre pueda cumplir con sus obligaciones”, añadió.
Contrario a las exigencias de PROMESA, el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó la
Ley 29 en mayo de 2019 sin la aprobación de la Junta de Supervisión. La Junta de Supervisión
radicó su demanda el pasado julio ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico.
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