La secretaria de Justicia Dennise Longo Quiñones insistió ayer en que no puede revelar la asesoría legal que brindaron al Departamento de Seguridad Pública (DSP) que permite a la Policía ofrecer escoltas a Ricardo Rosselló y a su esposa Beatriz Rosselló.
La funcionaria —al igual que indicó a este medio ayer— se negó a comentar sobre los fundamentos que le presentaron al DSP debido a que se trata de una comunicación confidencial cobijada por el privilegio abogado-cliente.
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“Me estás pidiendo la asesoría que es la relación abogado-cliente que generalmente no se provee porque es un asesoramiento confidencial. Sí te puedo confirmar que como se había comunicado anteriormente la determinación del DSP es atender esa necesidad de acuerdo a la ley orgánica del DSP y de la Orden General 110 de enero de 2019, que bajo esa orden general se establece que los exgobernadores se les provee esas escoltas, al cónyuge y a los hijos. Fue un análisis de la ley aplicable en el momento”, indicó la secretaria tras una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez en La Fortaleza.
A pesar de que se trata de una asesoría legal con fondos públicos, Longo se limitó a responder que no puede revelar el asesoramiento ya que el Tribunal de Apelaciones tiene ante sí una controversia sobre la validez de las escoltas a Ricardo Rosselló y su familia. Para la titular ya no se trata de opiniones del Departamento de Justicia, sino asesoría legal que no puede revelarse.
Asimismo, Longo sostuvo que solo se aplicaron las leyes relacionadas a escoltas y no la definición que contiene la Ley 2 de 1965, la cual define que un exgobernador es aquel que haya sido electo, que no haya sido destituido “y que haya ocupado dicho cargo durante un término no menor de cuatro años o cesare en el mismo por razón de incapacidad mental o física antes de cumplirse dicho término”.
El lunes pasado, Elmer Román, secretario del DSP, indicó que recibieron una asesoría legal del DJ antes de autorizar las escoltas a la esposa del renunciante gobernador. En comunicación escrita a Metro, Román también se negó a revelar los fundamentos de la asesoría legal.
Longo, por su parte, tampoco contestó si la designación de escoltas a Beatriz Rosselló la semana pasada responde a amenazas contra la familia.
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La Secretaria de Justicia ha adoptado una política de comunicación en la que prácticamente todas las acciones de la agencia son confidenciales. De hecho, inicialmente no se informaban ni los referidos a la Oficina del Panel Fiscal Especial Independiente (OPFEI), pero luego modificó su política para notificar públicamente los envíos a la OPFEI sin entrar en detalles sobre las acciones investigadas.
Gobernadora se reúne con organización de Secretarios de Justicia
Asimismo, Longo informó que esperan que recibir los primeros resultados de los safe kits enviados a la empresa Bode Cellmark entre diciembre y verano. La funcionaria recordó que a este laboratorio se les envió cerca de 700 pruebas, que contienen evidencia de agresión sexual y que permite identificar al agresor. Longo sostuvo una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez y con el representante de la Asociación de Secretarios de Justicia de Estados Unidos, Lawrence Wasden, quienes ofrecieron ayuda al Negociado de Ciencias Forenses a identificar las pruebas de agresión sexual que se enviarían al laboratorio estadounidense.
“Nos ayudaron a identificar todos los safe kits que estaban en atraso para ponernos al día. Son también las personas que nos dieron todo el servicio para atender ese atraso con el contrato de laboratorio Bode que nos está dando el servicio de hacer los estudios”, precisó Longo.
