Ante el Apelativo escoltas a los Rosselló

Mientras tanto, la secretaria de Justicia, Dennise Longo, se negó a revelar el asesoramiento legal que brindaron al Departamento de Seguridad Pública

Por Sadot Santana

La pugna por la validez de la asignación de escoltas a Ricardo Rosselló y a su familia alcanzó ayer el Tribunal Apelativo. Y es que el abogado Orlando Aponte Rosario, junto con otros letrados, presentó un recurso de apelación contra el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera, para cuestionar la determinación del Tribunal de Primera Instancia de que la controversia se tornó académica.

Según el nuevo recurso legal, el juez Anthony Cuevas desestimó la demanda inicial de los demandantes en septiembre luego de que concluyó que ya no había controversia tras la suspensión de las escoltas por la gobernadora Wanda Vázquez. De acuerdo con los letrados, la Policía mantiene vigente instrucciones que permiten la asignación de escoltas a Rosselló y su familia cada vez que se encuentren en la isla. Inclusive, Escalera confirmó la semana pasada que la ex primera dama, Beatriz Rosselló, mantiene escoltas durante su visita que inició el martes pasado.

En su recurso, los abogados plantearon que brindar seguridad policiaca a Rosselló es inconstitucional, ya que se trata de “una asignación indebida de fondos públicos para un propósito sin consecuencia legítima alguna”. Sostuvieron, además, que debido a que Rosselló no completó su término no se le pueden otorgar los beneficios que se le adjudican a los exgobernadores, que incluye las escoltas.

Por su parte, el lunes, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Elmer Román, defendió la asignación de escoltas a Rosselló y su familia mientras estén en la isla, ya que una asesoría legal del Departamento de Justicia (DJ) determinó que, al haber servido como gobernador electo, tiene ese derecho. Metro intentó obtener el asesoramiento que ofreció el DJ. Sin embargo, la secretaria Dennise Longo, se negó ayer a detallar los fundamentos legales en los cuales se basó, aunque ello implica la erogación de fondos públicos.

“Cuando nos llamaron del Departamento de Seguridad Pública, se le brindó un asesoramiento legal de carácter confidencial al secretario por ser una comunicación abogado-cliente”, alegó la funcionaria en declaraciones escritas a este medio. Agregó que, debido a que la controversia se encuentra ahora ante el tribunal apelativo, no puede opinar, agregando una nueva causal para negar información. En hechos recientes, Longo se ha negado a proveer datos sobre investigaciones del DJ, contrario al proceder de la agencia en años anteriores.

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