Sin implementar acuerdo entre la UTIER y AEE

El acuerdo alcanzado por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) el pasado 11 de noviembre, que detendría la fuga de celadores, no ha sido firmado, denunció el miércoles el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo.

Esto, según alegó, a pesar de que tanto el sindicato como la Junta de Gobierno de la corporación ratificaran el 13 de noviembre y 20 de noviembre respectivamente, pero aún así el acuerdo se ha puesto en vigor por parte de la corporación pública.

“Le pedimos a la AEE que agilice el proceso de implementación de este acuerdo porque seguimos vigilantes y atentos a cualquier situación que pueda ocurrir sobre este particular. Queremos tener un periodo navideño con una relativa paz laboral”, expresó Figueroa Jaramillo en declaraciones escritas.

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Alegó que el acuerdo alcanzado por ambas partes hace justicia salarial a los celadores y les da un 15 por ciento de aumento en su salario. El año próximo a esta misma fecha, obtendrán otro 5 por ciento de aumento y en un plazo de dos años, un 5 por ciento adicional y que ya comenzó a tener el efecto del regreso de tres celadores de líneas que habían renunciado para irse a los Estados Unidos.

Asimismo, Figueroa Jaramillo solicitó que se implemente la Ley 162 que restituye la licencia de accidentes a los celadores y a todos los trabajadores de alto riesgo como lo son los policías, bomberos, guardias penales entre otros.

“La gobernadora convirtió el proyecto que peticionamos al Senado devolviendo la licencia de accidentes a los trabajadores de alto riesgo, pero tampoco se ha implementado como la hoy ley lo exige. Este proceso debe aligerarse porque Yahmar O’Neill sigue en el hospital recuperándose, pero sin recibir un solo centavo. Ya la ley está firmada, es cuestión de hacerla valer”, añadió.

Por otro lado, el presidente de la UTIER hizo un llamado a la gobernadora, Wanda Vázquez a firmar el Proyecto del Senado 1341 que le devolvería la licencia de vacaciones y enfermedad a todos los empleados públicos, a pesar que la Junta de Control Fiscal (JCF) levantó reservas sobre la misma.