Luego de citar la constitución y la ley orgánica del Departamento de Justicia, la secretaria Dennise Longo Quiñones informó el lunes que modificó su interpretación inicial de no comentar sobre los referidos a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI).
“Por entender que el Panel del Fiscal Especial Independiente, bajo el Artículo 11, Sección 2 de su ley orgánica, le da la capacidad para decir que es en el interés público la divulgación de esa información, nosotros hemos acogido su determinación para modificar nuestra información y proveer mediante comunicado de prensa de aquí en adelante, información con respecto al envío y comunicaciones al Panel del Fiscal Especial Independiente”, dijo Longo Quiñones en conferencia de prensa.
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“En esa comunicación se va a incluir la persona que es objeto de investigación y la recomendación que el Departamento de Justicia está haciendo con respecto a ese asunto en particular”, añadió.
Notificó que en el caso del alcalde de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado, se recomendó que no se nombrara un FEI.
Lo mismo ocurrió con el referido al alcalde renunciante de Lares, Roberto Pagán Centeno.
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En los casos del exrepresentante, Guillermo Miranda, se refirió a Francisco Rivera Cruz y a Addyth Valle Torres.
También se refirió al FEI a Eric Alfaro Calero, René Liciaga Galván, Ian del Valle e Ismael Santiago, exfuncionarios de la Administración del Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF). También se refirió al expresidente del Banco de Desarrollo Económico, Luis Burdiel Agudo y a Gilberto Hernández Negrón.
Finalmente, se refirió a dicha entidad al fiscal Jorge Carrión.
Longo Quiñones insistió en que su función no implica en hablar sobre los pormenores que permiten hacer un referido al FEI.
“Nosotros no estamos en la posición o no estamos haciendo una determinación sobre la credibilidad de esa evidencia. Y no nos podemos prestar a estar viciando el ruedo mediático con información al pueblo de Puerto Rico de que esa evidencia es creíble o no y suficiente para radicar cargos”, dijo.
La funcionaria admitió que su determinación responde a su interpretación de la ley.
“Es correcto que yo tengo una apreciación del concepto de qué información se debe dar pública y cuál no se debe dar pública que es más reservada o conservadora que otras personas”, sentenció.
La nueva política de la secretaria de Justicia se dio luego de que la gobernadora Wanda Vázquez Garced, quien ocupó esa posición, expresara que no compartía la visión de Longo Quiñones de no hablar sobre los referidos.
