Luego de varios días de reclamos para que se les honre el aumento al salario mínimo de trabajadores y trabajadoras de la construcción, el Gobierno y los unionados tendrán hoy una reunión en el Departamento del Trabajo.
Así trascendió ayer durante una protesta frente a La Fortaleza para reclamar que se honre el aumento de $15 por hora que había anunciado Ricardo Rosselló mediante orden ejecutiva.
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La reunión será a las 9:00 de la mañana de hoy en el Departamento del Trabajo con la secretaria del Trabajo, Briseida Torres Reyes, y el licenciado Carlos Rivera en representación de la gobernadora Wanda Vázquez, se informó.
A la protesta llegaron con una rata gigante inflable que ocupaba parte de la entrada a la calle Fortaleza, mientras entonaron consignas como “esta rata que está aquí es para Wanda que está allí”.
El director de Organización y Asuntos Políticos de la Unión Internacional de Obreros de Norteamérica (LIUNA, siglas en inglés), Edison Severino, detalló que las acciones continuarán hasta que se le cumpla con el aumento prometido a los empleados. “Queremos recalcar que se sepa que esto es solo el principio”, declaró al asegurar que continuarán escalando las actividades.
Explicó que llegaron ayer hasta La Fortaleza, donde también sirvieron una cena de Acción de Gracias para las familias de los empleados, porque entre otros hay un grupo de siete trabajadores de una compañía de construcción y pintura que realizan trabajos en la Universidad de Puerto Rico en Cayey a quienes señaló que “no se les está pagando los $15 la hora”.
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Del mismo modo, el aumento no se ha pagado en la mayoría de los trabajos. “Más del 98 % de los trabajos que deberían estar a $15 no lo están, ya que el Gobierno, en complicidad con los contratistas, han dado un montón de exenciones, han buscado todas las excusas para no pagarles a los trabajadores el dinero que se les prometió”, manifestó Severino.
Repudió que Vázquez haya hablado de la posibilidad de derogar la orden, a lo que aseguró que no van a aceptar. “Vamos a tocar todas las puertas necesarias, vamos a hacer todo lo que legalmente esté en nuestras manos como pueblo para asegurarnos que se cumpla la palabra empeñada con los trabajadores de Puerto Rico”, expuso.
Alegó que son 50,000 familias de trabajadores de construcción quienes se afectan. Además, sospechan que algunas empresas buscan traer empleados de otros países para pagarles menos del mínimo.
