Secretario de Hacienda niega que tengan contratos con BDO

Una Investigación Especial realizada por la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG), encontró que excontratistas y exempleados de la firma BDO Puerto Rico, P.S.C., (en adelante BDO) aún mantienen vínculos con el Gobierno de Puerto Rico, bajo nuevas compañías contratadas, trascendió

Por Cyber News

El secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea negó el viernes, que la agencia que dirige tenga contratos con la firma BDO.

“En primer lugar, resulta necesario aclarar que el DH no tiene contratos con BDO y que el contexto fáctico en que surge el Informe de la OIG está relacionado a hechos acaecidos previo a (mi) incumbencia”, declaró Parés Alicea en declaraciones escritas.

“Estaremos evaluando el contenido del Informe y adoptaremos las recomendaciones para continuar garantizando que nuestra operación gubernamental se rige por los más altos parámetros de ética y de eficiencia”, añadió.

Una Investigación Especial realizada por la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG), encontró que excontratistas y exempleados de la firma BDO Puerto Rico, P.S.C., (en adelante BDO) aún mantienen vínculos con el Gobierno de Puerto Rico, bajo nuevas compañías contratadas, trascendió.

Además, la investigación reveló que funcionarios gubernamentales pudieron haber cometido faltas éticas y legales en el proceso de formalización de contratos y certificación de facturas.

Según un comunicado de prensa, la OIG llevó a cabo una investigación conforme a los poderes y facultades que le confiere la Ley Número 15-2017, según enmendada, conocida como la “Ley del Inspector General de Puerto Rico.

El 10 de mayo de 2019, el entonces secretario de la Gobernación, hizo un referido público a la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (en adelante, OIG) donde solicitó que se realizara una auditoría de todos los contratos que la compañía BDO, tenía con el Gobierno de Puerto Rico.

Como producto de la investigación encomendada se identificó que, durante el 2019, BDO tuvo aproximadamente cuarenta y cuatro (44) contratos por 30,283,634.80 dólares, con entidades en la rama ejecutiva.

Debido a la cuantía de los contratos, se procedió a tomar una muestra por entidad y basado en la materialidad. El primer informe consiste en el análisis de los contratos de la firma BDO en el Departamento de Hacienda (en adelante Departamento).

En la primera parte de la investigación exhaustiva, la OIG identificó que mientras se contemplaba la cancelación de los contratos de BDO, en el mes de mayo de 2019, se recibieron durante el mismo mes, en el Departamento, propuestas que incluían los mismos servicios profesionales, así como capital humano que a ese momento figuraban como recursos de BDO.

De un examen a los expedientes de los contratos otorgados con posterioridad a la cancelación de contratos de BDO, con el Departamento, logramos identificar que la mayoría de los exempleados, que realizaron labores y facturaron bajo los contratos cancelados por el Departamento, continuaron sus operaciones bajo los contratos formalizados con nuevas compañías.

La investigación reveló a su vez, que algunos funcionarios del Departamento, eran exempleados de BDO previo a llevar a cabo funciones en el Departamento y tras su nombramiento estuvieron directamente involucrados en el proceso de contratación (solicitud, formalización, desembolsos y cancelación) de las nuevas compañías contratadas.

En cumplimiento su facultad ministerial de prevenir la corrupción y el mal uso de fondos públicos, resulta meritorio realizar los correspondientes referidos a las entidades concernientes, para que evalúen posibles infracciones por parte de estos funcionarios públicos a los estatutos aplicables, incluyendo sin limitarse la Ley Número 1-2012, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”; Ley Número 2-2018, según enmendada,  conocida como el “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”; Ley Número 293 del 15 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como “Ley de Contabilidad Pública del Gobierno de Puerto Rico”; y Ley Número 146-2012, según enmendada, conocida como el “Código Penal de Puerto Rico”, entre otras.

Para salvaguardar la pulcritud del proceso ante dicho referido, no es posible abundar en más detalles de la Investigación.

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