El gobierno transitorio y el expresidente Evo Morales se acusan de alentar la convulsión en Bolivia tras la jornada más violenta del viernes, que dejó cinco fallecidos y decenas de heridos por choques entre las fuerzas de seguridad y manifestantes cocaleros en la ciudad de Cochabamba.
La autoproclamada presidenta interina Jeanine Áñez dijo la víspera que Morales “está convulsionando al país desde México” donde está asilado, mientras que el exgobernante acusó a Áñez de reprimir al pueblo con apoyo militar en entrevistas con cadenas internacionales.
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Añez anunció, sin detallar, “medidas constitucionales” para frenar la convulsión y denunció la participación de extranjeros. Dijo que buscan atacar plantas petroleras. Nueve venezolanos fueron detenidos acusados por hechos anteriores.
La Defensoría del Pueblo informó el sábado de 17 fallecidos, entre ellos un policía desde que estallaron las protestas.
El sábado los cocaleros caídos eran velados en la carretera cerca al sitio del choque en el municipio de Sacaba en las afueras de la ciudad de Cochabamba a donde los manifestantes pretendían ingresar para protestar y reclamar el retorno de su líder.
Los ánimos estaban caldeados. Centenares de productores que llegaron del Chapare, bastión de Morales, pernoctaron en el lugar. Fuentes médicas también informaron de al menos 75 heridos, algunos en estado grave.
Una mujer llorosa puso su mano sobre un ataúd de madera rodeado de flores mientras preguntaba: “¿Esto es democracia? Así matando como si fuera cualquier cosa”. Otra lloraba y rezaba en quechua sobre el féretro de Omar Calle, que estaba cubierto con la bandera nacional boliviana y la “wiphala”, que representa a los pueblos indígenas.
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La violencia se desató inicialmente tras acusaciones de fraude en las elecciones del 20 de octubre, en que Morales buscaba un cuarto mandato. Ahora las protestas son de grupos que piden su regreso y rechazan la elección de Áñez.
El exgobernante indígena salió exiliado a México alegando un golpe de Estado de la derecha después que una auditoria de la OEA ratificara irregularidades en los comicios recomendando una nueva elección. Morales perdió apoyo de los policías y de los militares lo que precipitó su renuncia cuando le faltaba tres meses para completar su tercer mandato.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el “uso desproporcionado de la fuerza policial y militar. Las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el contra de las protestas sociales”, dijo mediante Twitter.
Activistas de los derechos humanos en Bolivia han pedido a la CIDH enviar una misión de verificación al país.
El Embajada de Argentina, con apoyo de gendarmes de ese país, ayudó a evacuar a cuatro periodistas de cadenas argentinas que denunciaron agresiones de manifestantes, según un comunicado de esa delegación. La Cancillería de Buenos Aires manifestó preocupación por las denuncias.
Según los participantes en la protesta del viernes, la policía disparó cuando los manifestantes, intentaron cruzar un puesto de control militar. Emeterio Colque Sánchez, un universitario de 23 años, dijo que vio los cadáveres de varios manifestantes y a unas de dos docenas de personas que fueron trasladadas a hospitales, muchas de ellas cubiertas de sangre.
A pesar de las protestas, el gobierno y legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) buscan acuerdos para pacificar el país y llamar a elecciones en tres meses, con la mediación de la ONU, la Unión Europea y los obispos católicos.
En una entrevista con la AP en México el jueves, Morales dijo que aunque presentó su renuncia, el Congreso nunca la aceptó, por lo que puede decir que “sigo siendo presidente”.
Morales señaló que abandonó el cargo por la por la presión del ejército _ el jefe de las fuerzas armadas había “sugerido” su salida _ y por las amenazas de violencia contra sus colaboradores.
Áñez rechazó su argumento.
Morales hizo una buena gestión económica pero muchos bolivianos se desencantaron por escándalos de corrupción, presunto autoritarismo y su insistencia de aferrarse al poder.
