El presidente de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña (JCICP), Lcdo. Eduardo Arosemena Muñoz, expresó que no se siente cómodo con el contrato en el cual se acordó convertir el histórico edificio sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) en un hotel de 53 habitaciones.
En declaraciones escritas, Arosemena Muñoz, señaló que en el acuerdo suscrito se dejó fuera al ICP.
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“En el descargue de nuestras responsabilidades, nuestra Junta, con los componentes que representan a los centros culturales de Puerto Rico, como dispone la ley, en este momento no nos sentimos cómodos con el acuerdo suscrito entre la Administración de Terrenos y los desarrolladores, en tanto y en cuanto se dejó fuera al ICP, que era la parte más interesada por tratarse de su sede y de unos de los edificios más emblemáticos bajo nuestra jurisdicción administrativa”, expresó.
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“Una vez tengamos mayor claridad sobre esta transacción, ofreceremos declaraciones adicionales. Nadie en la Junta se opone al desarrollo económico, a la creación de empleos o a desarrollar el turismo en el Viejo San Juan. Ahora bien, en este momento tenemos dudas sobre si esta transacción es la mejor para el pueblo de Puerto Rico en lo que atañe a su patrimonio cultural. Estamos, naturalmente, más que abiertos a sentarnos con los desarrolladores para aclarar dudas y repasar acciones conjuntas”, añadió.
Del mismo modo, indicó que tras darse a conocer la información sobre la posible mudanza de la sede del Instituto de Cultura por el contrato firmado en el 2016, la Junta de Directores ha tenido dos reuniones para discutir el tema y ante la falta de información sobre el mismo solicitarán acceso al expediente de la negociación entre el ICP y la Administración de Terrenos.
Arosemena Muñoz también mostró preocupación por la manera en que se utilizarán los $10 millones en fondos de recuperación solicitados a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para la recuperación de la sede tras el huracán María y si estos terminarán en manos del comercial privado.
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“Como abogado, soy el primero en admitir que los contratos tienen fuerza de ley, pero, de igual manera, la fase pre-contractual para una transacción de este tipo supone una debida diligencia. Al día de hoy no sabemos cómo se protegerá la estructura y el patrimonio con un cambio sustancial en su interior. No sabemos qué, si algo, se determinó allá para el 2016 entre la Administración de Terrenos y el ICP en cuanto a mudar a sobre 100 personas de un lugar a otro y el presupuesto para ello. Asimismo, cuando se dio este contrato el huracán María no había azotado a Puerto Rico. Las reclamaciones al gobierno federal por los daños a nuestra sede ascienden a casi diez millones de dólares. Queremos tener claridad si esa cuantía se recibirá para un aprovechamiento comercial privado o no”, sostuvo.
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Sus declaraciones surgen luego de que Metro Puerto Rico revelara que el 27 de diciembre de 2016 a tres días de que culminara la administración del entonces gobernador Alejandro García Padilla se firmó una transacción para arrendar la sede del ICP por 40 años para convertirla en un hotel.
Aquí sus declaraciones completas:
“Una vez el Director Ejecutivo nos informó sobre la posibilidad de una mudanza de la sede del ICP y sus inquietudes por un contrato firmado a finales del año 2016, nuestra Junta de Directores se ha reunido en dos ocasiones en sesiones extraordinarias para discutir varios asuntos relacionados a la protección del patrimonio cultural puertorriqueño y el traslado de nuestro recurso humano, entre otros.
En ausencia de información que detalle los planes del desarrollo del hotel, el plan de viabilidad económica para su operación por los próximos cuarenta años y los planes, si algunos, que haya podido hacer la Junta del ICP en el 2016, sobre la mudanza de sobre cien empleados, nuestra Junta está cursando una petición a la Junta de Gobierno de la Administración de Terrenos para que nos dé acceso al expediente de la negociación entre el Instituto y la Administración de Terrenos que se dio antes de la firma del contrato.
Como abogado, soy el primero en admitir que los contratos tienen fuerza de ley, pero, de igual manera, la fase pre-contractual para una transacción de este tipo supone una debida diligencia. Al día de hoy no sabemos cómo se protegerá la estructura y el patrimonio con un cambio sustancial en su interior. No sabemos qué, si algo, se determinó allá para el 2016 entre la Administración de Terrenos y el ICP en cuanto a mudar a sobre 100 personas de un lugar a otro y el presupuesto para ello. Asimismo, cuando se dio este contrato el huracán María no había azotado a Puerto Rico. Las reclamaciones al gobierno federal por los daños a nuestra sede ascienden a casi diez millones de dólares. Queremos tener claridad si esa cuantía se recibirá para un aprovechamiento comercial privado o no.
Como Junta sabemos que contamos con el apoyo de la Gobernadora para potenciar, diseminar, preservar y comunicar la cultura de Puerto Rico. El récord es claro de lo que se ha hecho en estos pasados 3 años desde que Carlos Ruiz y este servidor fungimos como Director Ejecutivo y Presidente de la Junta de Directores. Se ha hecho mucho con poco. La Junta de Supervisión Fiscal hizo unos recortes sustanciales a nuestro presupuesto y, aun así, hemos logrado proyectos exitosos en alianza con Pandora, Google, el National Endowment for the Arts, la NASAA, y la familia Miranda. La participación amplia y apoyo de organizaciones culturales y comunitarias ha sido fundamental para el desarrollo de las actividades programáticas. Además, se han logrado modelos exitosos para la accesibilidad cultural y la descentralización de las artes en todos los rincones de Puerto Rico.
Al tratarse de nuestra sede y del patrimonio edificado de Puerto Rico, seremos en extremo celosos y rigurosos en evaluar cómo se podría afectar la integridad de la estructura de la que ha sido nuestra sede por los pasados 27 años.
En el descargue de nuestras responsabilidades, nuestra Junta, con los componentes que representan a los centros culturales de Puerto Rico, como dispone la ley, en este momento no nos sentimos cómodos con el acuerdo suscrito entre la Administración de Terrenos y los desarrolladores, en tanto y en cuanto se dejó fuera al ICP, que era la parte más interesada por tratarse de su sede y de unos de los edificios más emblemáticos bajo nuestra jurisdicción administrativa.
Una vez tengamos mayor claridad sobre esta transacción, ofreceremos declaraciones adicionales. Nadie en la Junta se opone al desarrollo económico, a la creación de empleos o a desarrollar el turismo en el Viejo San Juan. Ahora bien, en este momento tenemos dudas sobre si esta transacción es la mejor para el pueblo de Puerto Rico en lo que atañe a su patrimonio cultural. Estamos, naturalmente, más que abiertos a sentarnos con los desarrolladores para aclarar dudas y repasar acciones conjuntas.
Se aclara que el Vicepresidente de la Junta, el arquitecto Carlos Rubio Cancela, estará inhibido de todo el proceso ya que como Director Ejecutivo de la Oficina Estatal de Conservación Histórica le compete evaluar la petición al Gobierno federal que aún le toca hacer al Gobierno de Puerto Rico para el proyecto recogido en el contrato en cuestión.”
