Lo que pensaron que sería la ayuda que tanto necesitaban para simplificar el proceso de permisos se ha convertido en más burocracia y en un mayor costo operacional para el sector privado.
Se trata del Reglamento Conjunto de Permisos, que según un grupo de nueve organizaciones del sector privado, entró en vigor en julio de este año y ha provocado que se dupliquen los costos de obtener permisos y licencias, lo que alegaron que representa una amenaza para los pequeños y medianos negocios.
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Jorge Argüelles, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), indicó en una conferencia de prensa que la medida estrangula al sector y pone en peligro negocios como funerarias y centros de cuido para adultos mayores. “El recién aprobado Reglamento Conjunto de Permisos es incompatible con la ley de la cual emana, duplica los requerimientos y gestiones e incrementa los costos de hacer negocios en la isla. Una de las mayores preocupaciones de los sectores empresariales aquí representados son los Códigos de Construcción aplicados de forma retroactiva, lo que impone requisitos adicionales muy onerosos”, aseguró.
Por ejemplo, el grupo detalló que ahora se les exige a los centros para adultos mayores rociadores de incendio automáticos, cuyo alto costo produciría el cierre de varios centros de cuidado que están ubicados en residencias.
Argüelles estimó que la instalación de los rociadores podría salir en hasta $30,000, y muchos centros no lo pueden costear. Las organizaciones precisaron que, hace dos semanas, cursaron una carta a la gobernadora Wanda Vázquez con sus preocupaciones, pero no han obtenido respuesta.
Las organizaciones que hicieron la denuncia son el CUD, la Cámara de Mercadeo, la Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), la Asociación de Detallistas de Gasolina, la Asociación de Funerarios de Puerto Rico, la Federación de Instituciones de Cuido Prolongado, la Asociación de Centros de Inspección de Puerto Rico, los Empresarios por Puerto Rico y la Asociación de Dueños de Larga Duración (ADCCLD) y Coopharma.
Funerarios impactados por nuevos requerimientos
El sector funerario destacó que el nuevo reglamento les triplica sus costos de operación. “Para que tengan una idea de lo absurdo de este reglamento, se les requiere a las funerarias tres permisos de uso distintos: uno para la capilla, otro para los servicios funerales y otro adicional para la sala de embalsamamiento, aun cuando los tres servicios están atados y son componentes de una misma operación y servicio. Esto lo aplican a todos los sectores empresariales. Nuestras certificaciones tienen vigencia de tres años, pero ahora con este reglamento se cambia esta vigencia a periodos anuales”, denunció Eduardo Cardona, presidente de la Asociación de Funerarios de Puerto Rico.
