LA PAZ (AP) — El gobierno de Evo Morales denunció el viernes “un intento de golpe de Estado” y acusó a los opositores de confabularse para derrocarlo tras un motín policial en al menos cuatro regiones, parte de la agitación que sacude a Bolivia luego de las polémicas elecciones presidenciales.
“El Gobierno de Bolivia denuncia ante la comunidad internacional, que algunos dirigentes políticos, impulsan un plan de Golpe de Estado con la toma del Palacio de Gobierno”, advirtió la Cancillería en un comunicado.
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En el texto del comunicado de la cancillería se acusa al líder cívico Luis Fernando Camacho y al expresidente Carlos Mesa, quien quedó en segundo sitio en las elecciones del 20 de octubre, de encabezar la conspiración. El gobierno exhortó “a la comunidad internacional a coadyuvar en la preservación del orden constitucional en el país”.
Ni Camacho ni Mesa salieron a declarar de inmediato.
Morales ha venido denunciado el supuesto plan golpista desde que estallaron los disturbios tras las elecciones, en las que se declaró triunfador a pesar de acusaciones de un posible fraude.
Por la noche, el mandatario convocó vía Twitter a “cuidar pacíficamente la democracia y la Constitución Política del Estado para preservar la paz y la vida como bienes supremos por encima de cualquier interés político”.
“Nuestra democracia está en riesgo por el golpe de Estado que han puesto en marcha grupos violentos que atentan contra el orden constitucional. Denunciamos ante la comunidad internacional este atentado contra el Estado de Derecho”, agregó.
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Por su parte, el ministro de Defensa, Javier Zabaleta, descartó “en este momento” una intervención militar tras un motín policial que se extendía el viernes en la noche. En varias ciudades, manifestantes salieron a las calles para apoyar la rebelión.
“No se hará ninguna operación militar en este momento. Está descartado”, declaró a la prensa Zabaleta tras una reunión de emergencia convocada por el mandatario luego del inicio del motín en la ciudad de Cochabamba. En la reunión participó el Alto Mando Militar, que esta semana emitió un comunicado manifestando que “las Fuerzas Armadas velarán por el mantenimiento de la democracia y la unidad del pueblo boliviano”.
El comunicado no mencionó el apoyo al gobierno de Morales.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo en conferencia de prensa que se trata de un “movimiento de malestar policial”, llamó a pacificar el país e invitó a los agentes a dialogar. Sin embargo, el titular de Defensa reconoció que “el motín policial se dio en algunos departamentos… Estamos viendo cuál es el malestar”.
En tanto, centenares de ciudadanos y opositores se aglomeraban el viernes en la noche frente a cuarteles policiales en varias ciudades con el fin de presionar a los policías a que “sigan el ejemplo” de sus compañeros.
La protesta se inició con 18 policías con casco y pasamontañas en el tejado del cuartel de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales de Cochabamba, en el centro del país. Agitaban banderas y entonaban el himno nacional ante un numeroso grupo de gente que les aplaudía desde una avenida. La situación se repitió en las regiones de Tarija y Beni.
En otras ciudades, los agentes se replegaban a sus cuarteles sin hacer declaraciones, según imágenes emitidas por televisión. En la ciudad sureña de Sucre, el suboficial Edgar Ticona declaró a reporteros que están esperando instrucciones. En La Paz, dos unidades se amotinaron.
“Lo que se disponga a nivel nacional, vamos a someternos”, afirmó Ticona ante una multitud que pedía que se sumasen a la rebelión.
El comandante de la policía, el general Yuri Calderón, dijo que no hay un motín policial y que el caso de Cochabamba fue “aislado” porque allí los agentes pidieron la renuncia del comandante, que ya fue relevado.
Minutos después, policías de Santa Cruz, un bastión opositor, colocaron un cartel en la fachada de su cuartel anunciando que estaban amotinados.
En los últimos días, policías de base declararon que desde el inicio de las movilizaciones hace tres semanas están acuartelados sin condiciones suficientes para cumplir sus tareas.
Opositores cuestionaron a la policía por no actuar preventivamente para evitar los choques violentos entre opositores y oficialistas, que hasta ahora han dejado tres muertos y más de cien heridos, y criticaron que intervienen solo en casos extremos.
Mientras tanto, en La Paz, el líder cívico Camacho aumentaba su presión sobre Morales, a quien pide renuncie bajo la acusación de fraude electoral. El dirigente fue ovacionado el viernes por centenares de ciudadanos y activistas opositores, que apoyaban su decisión de entregar al gobernante una carta de dimisión tras las muertes de opositores en las protestas.
Este abogado y empresario de 43 años, presidente del influyente Comité Cívico de Santa Cruz y que era un desconocido hasta hace unos meses, pasó a liderar las mayores protestas contra Morales y está articulando a más sectores descontentos. Los políticos opositores quedaron relegados a un segundo plano.
“No nos vamos a mover (de La Paz) hasta que nos reciba el propio presidente. La carta es el sentimiento de todos”, declaró Camacho, que anunció que el lunes llevará la misiva acompañado de una gran movilización.
Hasta hace una semana, Camacho era considerado un actor menor, pero captó la atención del país cuando desafío el poder de Morales, le exigió renunciar y le dio un plazo de 48 horas. El lunes llegó a La Paz para entregarle la carta en medio de movilizaciones de apoyo y rechazo.
Más temprano, Morales aseguró que no renunciará y acusó a los opositores de confabularse para derrocarlo.
“No voy a renunciar”, afirmó en un acto púbico, convocando a los movimientos sociales que lo respaldan a “defender nuestro proceso de cambio”.
El país vive en convulsión social desde los comicios presidenciales del 20 de octubre, con multitudinarias marchas en contra y a favor del mandatario, que aún tiene un importante respaldo, sobre todo en sectores rurales indígenas y en barriadas.
Tras 14 años en el gobierno, Morales llegó a las elecciones con la popularidad mermada y la intención de optar a un cuarto mandato. Los escándalos de corrupción, su afán para la reelección pese al referéndum que le negó esa posibilidad y acusaciones de autoritarismo debilitaron su capital político a pesar de su buena gestión económica, que condujo al país hacia el crecimiento con baja inflación.
Una comisión de la Organización de los Estados Americanos realiza una auditoria electoral cuyo resultado se conocerá la próxima semana. Algunos grupos movilizados apuestan porque ese informe pueda calmar la tensión, pero otros son escépticos.
