Ética esperará respuesta de Abel

Proceso podría extenderse más allá de la Sesión Ordinaria

Por Manuel Guillama

La Comisión senatorial de Ética aguardará hasta que el senador Abel Nazario responda a la querella presentada por el presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz, para determinar si asume o no jurisdicción sobre el proceso que podría derivar en la expulsión del legislador, arrestado en dos ocasiones este cuatrienio por las autoridades federales.

Una vez Nazario presente sus argumentos —para lo cual tiene 15 días—, la comisión tendría 30 días para decidir el curso a seguir, explicó el presidente del organismo interno, Ángel “Chayanne” Martínez. Si asumiera jurisdicción, tocaría a un panel de cinco personas designadas por los tres partidos decidir si hay causa para comenzar un proceso de expulsión.

Martínez recordó que el Senado tiene el poder para autoconvocarse a una sesión extraordinaria, en la eventualidad de que la Comisión de Ética recomiende la expulsión de Nazario una vez concluya la sesión ordinaria este 19 de noviembre.

En la mañana de ayer, Nazario, en declaraciones a la emisora Notiuno, pareció reconocer que todo apunta a que será expulsado del Senado. Sin embargo, insinuó que, en el futuro, podría volver a aspirar como legislador independiente.

“Tan pronto me boten del Senado, que parece que me van a botar, voy a tener tiempo disponible para estar en la calle 24 horas. Imagínate a mí haciendo campaña 24 horas”, subrayó Nazario,

Adelantó que presentará su candidatura el 15 de noviembre al PNP, y así poder darle tiempo  para que lo evalúe

Además, aseguró que trabaja en un libro en el que sacará a la luz a figuras políticas y de los medios que cuentan con familiares beneficiándose de contratos gubernamentales.

El senador ya enfrentaba 30 cargos por prestar declaraciones falsas al Gobierno federal y otros nueve cargos de fraude electrónico, relacionados con un alegado esquema por el que mantuvo a 177 personas trabajando en el municipio de Yauco sin pagarles. El miércoles fue acusado junto a otras siete personas de un cargo adicional por presuntamente mantener empleados fantasmas cuando era alcalde.

 

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