Luego de que el Negociado de Energía (NEPR) denegara una moción de entidades ambientalistas, mediante la cual se pretendía anular una serie de transacciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la abogada Laura Arroyo, representante legal de las organizaciones locales en el proceso, sostuvo que analizarán la posibilidad de presentar un recurso judicial.
El pasado martes, los cuatro comisionados del NEPR decidieron por unanimidad denegar y eliminar del tracto administrativo la moción que habían presentado el pasado 16 de octubre el Environmental Defense Fund y 10 organizaciones puertorriqueñas. En ese recurso, las entidades solicitaban al organismo anular los procesos de licitación relacionados con la conversión de la unidades 5 y 6 de la Central San Juan al uso de gas natural y la instalación de unidades móviles de generación en la plantas de Yabucoa y Palo Seco, por entender que se habían concretado a espaldas del NEPR y en violación del Plan Integrado de Recursos (PIR).
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Arroyo, abogada de la organización Earthjustice, que colabora con las 10 entidades puertorriqueñas que suscribieron la moción, manifestó su preocupación que el NEPR no solo hubiera denegado el recurso presentado, sino que haya favorecido el pedido de la AEE para eliminarla del récord.
“Nos parece (una decisión) bastante severa. Nosotros hemos dialogado con expertos que tienen experiencia en otras jurisdicciones con comisiones análogas a lo que es el Negociado y nos dicen que normalmente no se usa este tipo de decisión, porque se entiende como que la entidad está tratando de ocultar información o deshacerse del récord que no le favorezca. A nosotros eso nos preocupa”, expresó la licenciada en entrevista con Metro.
Uno de los argumentos que se esbozaron en la moción es que los acuerdos de la AEE para impulsar la gasificación de unidades generatrices trastocaban el proceso de elaboración del PIR, actualmente bajo revisión del NEPR. No obstante, en su resolución, el cuerpo afirma que los “asuntos levantados en la moción conjunta no son parte del proceso de evaluación del propuesto Plan Integrado de Recursos”.
“El PIR es un proceso de planificación para dirigir el futuro energético de Puerto Rico por los próximos 20 años. Dentro de ese plan una de las opciones que establece la AEE es la conversión a gas de (las unidades) San Juan 5 y 6 y las unidades móviles. Nosotros entendemos que eso debe ser parte de la discusión del PIR (pero) el Negociado no lo entiende así, la AEE no lo entiende así y eso nos preocupa”, sostuvo Arroyo.
“Queremos cumplir con la Ley 17 (de Política Pública Energética) de tener 100% de energía limpia para 2050 y eso no se va a lograr continuando en los pasos que vemos que esta ocurriendo que es llevarnos a una dependencia del gas metano”, abundó la abogada.
Al preguntársele si la opción de presentar una demanda ante la corte está sobre la mesa, Arroyo informó que “son decisiones que estamos evaluando, definitivamente. Estamos analizando los pasos a seguir. Estamos comprometidos en seguir representando a nuestros clientes, las organizaciones locales ambientales, para que se siga el camino correcto hacia la energía renovable y limpia”.
