Amenaza al patrimonio de la gente

Se espera que el municipio regule los alquileres a corto plazo

Por Sadot Santana

Vivir en el Viejo San Juan puede parecer como echar raíces en un museo orgánico donde se respira historia y uno se desvive por el arte de los soles truncos, la picardía de los patios interiores o los vitrales que dan cientos de matices a la luz que se cuela por los edificios e iglesias. Pero no se trata de que la ciudad amurallada —aunque impregnada de historia— sea una galería silenciosa. La comunidad la hace ciudad.

Janice Petrovich es una de las que hace ciudad caminando a la ferretería, buscando la comprita básica al colmado y siempre pensando que tiene que salir al menos unos minutitos antes porque la cháchara con los vecinos es indispensable.

Pero saludar a cuanto vecino se le cruza podría estar en peligro, dice Janice, debido al incremento de viviendas bajo alquileres a corto plazo en plataformas como Airbnb y HomeAway, entre otras.

“Están desplazando residentes a largo plazo para convertir sus residencias a corto plazo. Quiere decir que yo conocí a mi vecino que, aunque vivió ahí cinco o siete años alquilado, había un sentido de comunidad, un compartir, que se rompe cuando ya no tengo vecinos. Ya lo que tengo es una sucesión de gente que viene, algunos que no conocen el vecindario”, cuenta la líder comunitaria, quien lleva alrededor de 15 años viviendo en la ciudad histórica.

Sentada en un banquito en la Plaza de la Barandilla, Janice —quien forma parte de la Asociación de Vecinos del Viejo San Juan (Avisaj) desde su génesis en 2008— relata que, tras unos meses de discusiones álgidas, las regulaciones hacia estos modelos de alquiler parecen haberse enfriado y no han visto acción del municipio para atender sus reclamos.

Mientras, desde su despacho en la Legislatura Municipal, Marco Rigau, presidente de este cuerpo, negó que hubiese tal cosa como que el proyecto hubiese quedado engavetado. El legislador —afiliado al Partido Popular Democrático (PPD), como la alcaldesa del ayuntamiento, Carmen Yulín Cruz— dice que va “p’alante” con la ordenanza 24 y que espera aprobarla antes que finalice noviembre. Echa’o para atrás en un sillón de su oficina, Rigau incluso minimizó los intentos de la Legislatura estatal de arrancarles la alfombra de los pies a los municipios para evitar que regulen estas plataformas de alquileres a corto plazo con los proyectos 1010 y 1644 en el Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente. Ninguno de los proyectos muestra actualización en el trámite legislativo desde marzo.

El 14 de febrero, la Legislatura Municipal de San Juan presentó una ordenanza que pretende regular el uso y establecimiento de los alquileres a corto plazo mediante estas plataformas digitales. El ente municipal celebró vistas públicas por dos meses y recibieron alrededor de 22 ponencias de residentes, desarrolladores y entidades gubernamentales. Algunos suplicaron por más regulación, otros clamaron para que el municipio se saliera de la cocina en este berenjenal. Uno de los que apoya quitarle el sartén de las manos al municipio es la Compañía de Turismo, quienes, durante las audiencias públicas, señalaron que la reglamentación —si alguna— a estas plataformas debe recaer únicamente en la instrumentalidad gubernamental en lugar del municipio. Entre los requerimientos que establecerá la ordenanza, están sacar obligatoriamente alguno de los tres tipos de licencias para poder convertirse en anfitriones, mantener un registro de todos los anfitriones, imponer un mínimo de dos noches a cada estadía y fijar limitaciones a la cantidad de huéspedes que buscan alojarse en las unidades. Los costos de las licencias fluctúan entre los $250 y $500 anuales. A su vez, deberán pagarle al municipio sanjuanero el 3 % de los ingresos brutos que obtengan.

Algo económico más que otra cosa

Para muchos, esto de poner sus cuartos y apartamentos en una plataforma digital se limita a agarrar un poco de dinerito adicional. En la ponencia de la secretaria de Turismo, Carla Campos, la funcionaria cita un estudio en el que se concluye  que un individuo puede generar hasta $6,700 anuales por el negocio de alquileres a corto plazo.

Para la agencia, una regulación como la que propone el municipio tendría el efecto de limitar el turismo y el uso que cada residente y dueño quiera darle a su propiedad. A juicio de Rigau, en cambio, no se trata de restringir las oportunidades económicas de los residentes.

“El que quiere hacer un negocio tiene derecho a hacerlo, pero tiene que cumplir con las reglas. Nadie está en contra de que la gente haga negocios, pero si tú quieres poner un prostíbulo en medio de una zona residencial, eso es una actividad comercial y eso no lo puedes hacer”.

Para Janice, no se trata de echarles la culpa a estas plataformas digitales, sino de que el Estado tome mayor control y proteja la permanencia de las comunidades mediante reglamentación. La líder comunitaria —sin tapujos, y mientras va y viene un gentío tomando fotografías en la plaza— señaló que teme que compañías inversionistas o especuladores sigan comprando edificios y dedicándolos únicamente a esta modalidad de alquiler. Favorece, sin embargo, que se regule la cantidad de unidades que puedes poner en alquiler. En la alternativa, patrocina que se incentive los alquileres a largo plazo que, a su juicio, sí crean un sentido de pertenencia comunitaria.

“Tú tienes que tener un sabor de aquí. Si pierdes el sabor de aquí, la gente va y dice: ‘¡Qué bonita!, pero yo aquí no veo alma’, se pierde el alma del lugar. Es como ir a Disney. Está chévere y está bonito, pero no es un sitio vivo”.

Mantener el tejido social

Aun cuando la administración municipal asegura que nada detendrá sus esfuerzos por reglamentar los alquileres a corto plazo, a Janice le preocupa que las medidas solo respondan al interés de la administración en obtener dinero y no en cómo preservar a la comunidad de personas que se han convertido en guardianes de facto del patrimonio cultural donde residen.

Janice cuenta que quiere seguir saliendo todas las mañanas y encontrarse con su vecina de al frente mientras le echa agua a las matitas. Caminar jalda arriba hacia la calle San Sebastián, donde vive, con la comprita o con los tornillos que compró en la ferretería, porque —como dice— estas casas están en constante reparación.

El Viejo San Juan que cuenta Janice ya no se parece al relato bravucón y callejero de Héctor Lavoe en “Calle Luna, calle Sol”. Suena más a un sabroso guaguancó como aquel que don Tite Curet le obsequió a La Perla, o a un son montuno, como el que Chamaco Ramírez les cantó a sus panas de la calle San Agustín en el barrio contiguo de Puerta de Tierra.

“Una ciudad muerta es una ciudad peligrosa. Lo que hace al Viejo San Juan una ciudad segura, que yo, mujer, sola, camino por las aceras a las 12:00 de la medianoche con bastante tranquilidad es que aquí vive gente”.

Y ese es el mayor temor: una comunidad sin rostro. Para Janice no se trata de que no haya turismo o economía. Se trata de que, además de los soles truncos, los vitrales y los patios interiores, el Viejo San Juan preserve otro elemento patrimonial: su gente.

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