Policía investigará una querella que discrimina a personas LGBTT

Se radicó una querella contra un miembro de la Uniformada utilizando un reglamento “obsoleto”, según los jefes de Seguridad y Policía

Por Ronald Ávila Claudio

La Policía de Puerto Rico inició una investigación interna tras la radicación de una querella administrativa contra un agente por estar sustentada en un reglamento obsoleto que discrimina contra la comunidad LGBTTQI+.

Conforme el reglamento caducado, al uniformado se le imputó  “asociarse con prostitutas u homosexuales o personas con reputación dudosa”. Además, “demostrar incapacidad manifiesta, ineptitud, descuido, parcialidad o negligencia en el desempeño de sus deberes, funciones y responsabilidades”.

La situación trascendió ayer luego de que varios activistas publicaron en sus redes sociales la notificación al querellado, cuya identidad no se reveló.

“He ordenado una investigación administrativa para garantizar que esto no vuelva a ocurrir. El Negociado de la Policía tiene el firme compromiso de velar por los derechos de los ciudadanos y no toleramos discrimen o prejuicios de ningún tipo”, expresó en un comunicado de prensa Henry Escalera, comisionado del Negociado de la Policía.

No se hicieron públicas las supuestas actuaciones del policía que llevaron a la radicación de la querella en su contra. Tampoco quién fue responsable de realizar las imputaciones. De la notificación se desprende que el querellado está adscrito al precinto Mameyes de Utuado.   

El secretario del Departamento de Seguridad Pública, Elmer Román, indicó —en el mismo comunicado— que, a principios de este año, emitió una orden administrativa que prohíbe el discrimen contra la comunidad LGBTTQI+.

“En esa orden se dicta la política pública en los procedimientos administrativos y se prohíbe cualquier tipo de acción o expresión que represente prejuicio y discrimen contra la población LGBTTQIA. He impartido instrucciones para que se me provea una evaluación de una querella presentada en el Negociado de la Policía de Puerto Rico, en la que se considera falta grave el relacionarse con personas homosexuales, lo que resulta obsoleto”, sostuvo Román González.

En sus declaraciones, Román González solicitó al comisionado Escalera que se aclare el alcance del término “persona de reputación dudosa”, puesto que se presta para “apreciaciones subjetivas y sumamente generalizadas”.

Amárilis Pagán, abogada y activista de derechos humanos, opinó que la Policía de Puerto Rico debería convocar talleres urgentes para adiestrar a sus uniformados sobre prácticas no discriminatorias. De acuerdo con la letrada, se supone que haya un amplio conocimiento entre los administradores de las agencias de gobierno sobre la política pública de no discriminación, dado a que la Ley para establecer la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico en contra del discrimen por Orientación Sexual o Identidad de Genero en el Empleo Público o Privado se aprobó desde el 2013. Asimismo, desde el 2010, la Policía de Puerto Rico está inmersa en un proceso de reforma federal. Pagán recordó que en el 2011, cuando el Departamento de Justicia estadounidense publicó su informe sobre las violaciones de derechos civiles cometidos por la Uniformada puertorriqueña, se resaltó la presencia de prejuicios y discriminación contra la comunidad LGBTTQI+.

“Las agencias del Gobierno tenían que atemperar su reglamento a la política pública de no discrimen en el empleo. Se enmendó el reglamento, pero la Policía ha fallado en hacerle claro a su personal. […] “Hemos estado perdiendo el tiempo en este proceso judicial”, declaró Pagán.

Por su parte, Alberto Valentín, director ejecutivo del Consejo Asesor LGBTT de la gobernadora Wanda Vázquez indicó que la entidad que dirige trabaja mano a mano con el Negociado de la Policía para cumplir con la reforma. Sostuvo también que los reglamentos ya están atemperados, y que, claramente, el querellante tomó de partida lineamientos del pasado.

El también abogado declaró que el Consejo Asesor creó un protocolo uniforme para las entidades públicas y privadas para proteger a aquellos empleados que sean discriminados por su orientación sexual, y así ayudar a dichas agencias a cumplir con la Ley 22 del 2013. Informó, además, que han creado un taller de diversidad e inclusión para los empleados públicos que se convalidará por horas de adiestramientos requeridos por la Oficina de Ética Gubernamental. Al momento, se han impartido seis de estos cursos a guardias del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Según Valentín, los talleres han tenido una buena “recepción”. Aun así, reconoció que hacen faltan mayores recursos para educar en las agencias, no porque haya una falta de interés de los funcionarios, sino porque es un Gobierno “grande”.

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