El caso de tres niños entre seis y siete años, en el que la Policía les leyó las advertencias tras una pelea con un niño de ocho años en una escuela en Ponce, evidencia la urgencia de que se legisle una edad mínima para imputar a un menor con una falta.
Así lo estableció el presidente de la Comisión de la Niñez del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Reynaldo Alegría, quien sostuvo que desde esa entidad han hecho múltiples esfuerzos para lograr que ningún menor sea juzgado como adulto, salvo excepciones especiales. “Puerto Rico es uno de siete países en el mundo que no tiene legislación de una edad mínima. La mayor parte de los países del mundo establecieron una edad mínima, establecieron que ‘debajo de esta edad no se puede procesar a nadie’”, expresó Alegría al señalar que desde el Colegio proponen lo mismo que las Naciones Unidas, de que ningún menor de edad sea procesado, salvo excepciones obvias.
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En ese sentido, ante un infructuoso primer intento de legislar para establecer edad mínima, el senador independiente José Vargas Vidot anunció que presentará hoy nueva legislación para atender el tema de la edad mínima, luego de que, en enero, el entonces gobernador Ricardo Rosselló vetó un proyecto junto con otra medida del presidente Cameral, Carlos “Johnny” Méndez, que tenía un enfoque más punitivo, con el compromiso de lograr otra legislación. “Espero contar en esta ocasión con el apoyo de la Gobernadora Wanda Vázquez y los líderes legislativos para aprobar la medida de inmediato. Ningún niño merece pasar por esto. Deben estar en la escuela, no en un cuartel, tribunal o cárcel”, escribió Vargas Vidot en sus redes sociales.
Por su parte, el secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, informó que personal de la agencia visitará el plantel para validar si se siguieron los protocolos. “La Secretaría Auxiliar de Servicios de Apoyo a las Familias y la Comunidad va a estar enviando personal a los fines de la validación de las acciones de nuestro personal y brindarles el mayor apoyo a las familias y a los estudiantes”, explicó Hernández.
“Dentro del esfuerzo de cómo trabajar con el tema de la violencia de Puerto Rico, hay un grupo extenso de entidades gubernamentales que estamos sosteniendo reuniones continuas con la señora gobernadora, y ese es uno de los temas que se ha venido discutiendo, y oportunamente, se va a estar estableciendo política pública”, detalló el funcionario.
Sobre la acción de la Policía, indicó que es un asunto que le es inherente a la Uniformada y aseguró que, de la información que tienen, es que no había un patrón de acoso. Sin embargo, esa será una de las acciones que confirmará el personal de la Secretaría Auxiliar.
No obstante, contrario a lo que la Policía asegura de que necesitaban cumplir con el protocolo, el abogado especializado en temas de la niñez planteó que existe una orden del Departamento de Justicia para canalizar los casos a través de mediación.
