Juicio contra expresidente y exrector de la UPR iniciará en febrero

La defensa de los imputados solicitó documentación al FEI sobre los procedimientos de las becas en otros recintos.

Por Sadot Santana Miranda

El juicio en su fondo contra el expresidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Urayoán Walker y el exrector del Recinto de Río Piedras (UPR-RP) Carlos Severino comenzará el próximo 3 de febrero de 2020, según determinó hoy el juez Aldo González Quesada del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

La decisión del juez se dio a conocer hoy tras una vista de status como parte del procedimiento judicial contra ambos exfuncionarios. El pasado cuatro de septiembre, la jueza Ada López Santiago encontró causa para juicio contra Walker y Severino por supuestas irregularidades al conceder ayudas económicas bajo el programa de las Becas Presidenciales de la UPR.

El 20 de diciembre se celebrará una vista adicional de status y luego para el juicio en su fondo, el juez fijó las fechas de 3 al 5, 10 y 13 de febrero para el juicio en su fondo.

El juez González Quesada, además, ordenó a la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) a entregar documentación sobre los procedimientos de concesión de las Becas Presidenciales en los once recintos. De acuerdo con los abogados de Severino, José Andreu Fuentes y Harry Anduze, la documentación de los procedimientos en el resto de los recintos del sistema universitario se otorgaron bajo las mismas circunstancias que las dos becas que se cuestionan en el juicio contra ambos exfuncionarios. "Tenemos derecho a saber cómo se interpretó en los otros recintos", sostuvo Anduze.

La fiscal especial Zulma Fuster se opuso a la petición de la defensa debido a que se estaría revelando información confidencial de los solicitantes. Según González Quesada, el FEI tendrá que entregar la información de alrededor de 15 solicitudes al programa de Becas Presidenciales de la UPR.

Walker Ramos enfrenta dos cargos por violentar la Ley de Ética Gubernamental, dos cargos por malversación de fondos y un cargo por incumplimiento del deber. Mientras que Severino enfrenta dos cargos por infracción a la Ley de Ética Gubernamental, dos cargos por intervención indebida y un cargo por incumplimiento del deber.

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