En un segundo turno para evaluar cambios a la Ley Promesa, organizaciones de la sociedad civil pidieron ayer que se detengan las medidas de austeridad que impone la Junta de Control Fiscal (JCF), las que identificaron como culpables de que el desarrollo económico de la isla permanezca paralizado.
Heriberto Martínez Otero, presidente de la Asociación de Economistas, planteó que las medidas de austeridad provocarán el colapso de la economía del país. Asimismo, aseguró que resulta necesaria la definición de servicios esenciales y proteger a la Universidad de Puerto Rico (UPR) como mecanismo de desarrollo económico. “Un estudio [del profesor José Caraballo-Cueto] demostró que la UPR es el motor económico en cerca de siete municipios de la isla. Si cierras recintos como el de Cayey o Utuado, la economía de estos municipios podría colapsar”, comentó a preguntas de la congresista Nydia Velázquez.
PUBLICIDAD
Una de las propuestas del proyecto de la autoría de Raúl Grijalva —quien no estuvo presente en la vista— es definir educación, seguridad y salud como servicios esenciales. Asimismo, propone devolverle un mínimo de $800 millones a la UPR.
El estudiante Lyvan Buntin, representante estudiantil ante la Junta Universitaria, abogó porque se restituyan los fondos a la institución lo que se traduciría en inversión para el desarrollo económico de toda la isla. “Para muchos puertorriqueños, la UPR es nuestra única opción para un mejor futuro”, afirmó durante su ponencia. También urgió a que el Gobierno utilice la UPR para ofrecer servicios de asesoramiento y adiestramiento.
Por su parte, James Spiotto, gerente de Chapman Strategic Advisors, se opuso a que se cancele deuda —una de las enmiendas a Promesa que propone Grijalva— debido a que podría afectar el acceso de la isla a los mercados de bonos. A la congresista Nydia Velázquez, le dijo que no era necesario auditar la deuda.
Mientras, a preguntas del congresista demócrata Darren Soto, tanto Martínez Otero como Buntin, Spiotto y Alvin Velázquez, consejero legal del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio, se opusieron a que se nombre un coordinador federal que administre los fondos de reconstrucción.
Adi Martínez, analista de Política Pública para la organización Oxfam, sugirió la creación de un grupo de trabajo de la sociedad civil que vigile el proceso de desembolso de los fondos con 13 integrantes y otros cuatro que trabajarían directamente desde las agencias que manejan estos fondos. El profesor Cecilio Ortiz, en representación del Concilio Nacional de Ciencia y Ambiente, favoreció un coordinador para la revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que abra “la caja negra” sobre los manejos en la corporación pública y que inspire confianza al pueblo. El congresista republicano Rob Bishop, insistió en que no les ve futuro a las enmiendas. “Estar dos días en esta medida que no va a ningún lado es triste”, declaró.
