UPR al Congreso: recortes afectarán la acreditación

El presidente Jorge Haddock ha realizado múltiples gestiones para deponer ante el comité que evalúa enmiendas a la Ley Promesa, pero hasta el momento sigue a la espera de que se le indique cuándo será escuchado, dijo la portavoz de prensa de la Administración Central, Joan Hernández

Por Istra Pacheco

La falta de fondos en la Universidad de Puerto Rico (UPR) para llenar las plazas vacantes de profesores a tiempo completo pone en riesgo -nuevamente- la acreditación de la institución, así como la continuidad de subvenciones federales, reconoció el presidente Jorge Haddock en una ponencia escrita enviada al Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal.

Haddock ha realizado múltiples gestiones para deponer ante el comité que evalúa enmiendas a la Ley Promesa, pero hasta el momento sigue a la espera de que se le indique cuándo será escuchado, dijo la portavoz de prensa de la Administración Central, Joan Hernández.

De hecho, el comité realizará hoy a las 2:00 de la tarde la segunda vista pública sobre el proyecto.

“El envejecimiento de la fuerza de trabajo y la facultad… implica que más profesores se retirarán anualmente y a la luz de las restricciones presupuestarias, esas posiciones se mantendrán vacantes, dejando en riesgo nuestros más prestigiosos programas y sus acreditaciones, reza la ponencia de Haddock.

Los recortes que ha impuesto la Junta de Control Fiscal (JCF) también están afectando la liquidez de la institución y ponen en riesgo los $100 millones en fondos de recuperación CDBG-DR para trabajos de reparación de daños provocados por los huracanes Irma y María, admite el presidente. De hecho, el estimado total de daños es de $176 millones por lo que ya están cortos de presupuesto, según los datos ofrecidos.

Urgirán por definir servicios esenciales

Tanto la Asociación de Economistas de Puerto Rico como la Coalición del Sector Privado, que agrupa a 34 organizaciones, enfatizarán hoy cuando depongan ante el Congreso- en la necesidad de que se obligue a la JCF, creada por virtud de la ley en discusión, a que defina los servicios esenciales.

“La decisión indispensable que debe surgir de este proceso es la definición de los servicios esenciales… Todos debemos tener claro que las consecuencias de seguir con los recortes a esos servicios serán la migración y la pobreza”, afirma en su ponencia -en poder de Metro– Heriberto Martínez Otero, presidente de la Asociación de Economistas.

Lilliana Cubano de la Asociación de Productos de Puerto Rico, que a su vez forma parte de la Coalición, dijo que la ley debe propiciar el ambiente para un desarrollo económico sustentable que no aumente el costo de la energía, que provea procesos verdaderamente sencillos para obtener permisos y se garantice una educación de calidad para que las personas se empleen y se queden en la isla.

“Para que las personas se queden deben ver que los servicios esenciales están garantizados y para eso hay que definirlos”, indicó Cubano ayer en entrevista telefónica.

Además figuran como deponentes hoy el consejero general asociado de la SEIU, Alvin Velázquez; el director general de Chapman Strategic Advisors, James Spiotto y el representante estudiantil de la Universidad de Puerto Rico, Lyvan A. Buntin Rivera.

El segundo panel estará compuesto por  la asesora de política de Oxfam America, Adi Martínez, la presidenta de la Fundación de Puerto Rico, Annie Mayol, el Miembro senior del Consejo Nacional de Ciencia y Medio Ambiente, Cecilio Ortíz García y el presidente de Alianza Privada para el Desarrollo Económico de Puerto Rico Rodrigo Masses.

 

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