La presidenta del Negociado de Telecomunicación, Sandra Torres negó el miércoles, entre otras cosas, que se haya comunicado con los gerenciales de dos empresas de telecomunicación en la isla para pedirles que compraran taquillas de 1,500 dólares para un evento de recaudación de fondos para la reelección del renunciante gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
Esto, luego que se informara que el director de comunicaciones y prensa en la Junta de Reglamentadora de Servicio Público, y ayudante especial del negociado, Exel López radicó una declaración jurada ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, la Oficina de Ética Gubernamental y la Secretaría de la Gobernación sobre estas alegaciones.
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“Si esta persona (López), o cualquier otra persona fue allí (compañías de telefonía) utilizando el nombre mío diciendo que yo lo envié o que envié unas taquillas, que por favor me lo digan”, dijo Torres en entrevista radial (NotiUno).
López alegó que a pedido de Torres, fue a Claro y AT&T para vender las taquillas y que en ambas empresas, le negaron la compra de la mismas. También alegó que Torres se comunicó directamente con el presidente de Claro, Enrique Ortiz de Montellanos y con el señor Flores de AT&T para pedirle que le compraran las boletos.
“Falso. Jamás”, negó Torres categóricamente.
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Agregó que los empresarios pueden garantizar que no se le vendieron taquillas. “Eso es así. Que llamen y si esa persona o cualquier otra persona, a ellos o cualquiera de la empresas que el Negociado regula, los llamaron para vender taquillas o que hayan utilizado mi nombre, que me llame”, insistió la funcionaria.
De otra parte, Torres dijo que sí existe una lista de las empresas reguladas por el Negociado, pero que la lista que se incluyó en la querella está alterada. “Jamás le dí ninguna lista a esa persona (López). ¿Cómo la obtuvo? En su momento tendrá que decir, aunque es un instrumento de trabajo de la agencia”, dijo.
Mientras, Torres alegó que López hizo los señalamientos en represalia, pues iba a ser despedido ante una reprimenda por ausentismo excesivo, omisión de ponches y ponchar para irse a hacer gestiones personales. Además, alegó que hay una querella criminal contra el funcionario, de la que no ofreció más detalles.
Torres dijo que ninguna ley le impide a ella participar de eventos políticos y entre risas dijo que no recuerda quién era el dueño de la casa donde se llevó a cabo la actividad en una urbanización de San Juan, el 7 de junio del año pasado.
De otra parte, Torres negó, como alegó López en una segunda declaración jurada, que haya ido al Departamento de Justicia para solicitar hablar con la licenciada Liceaga Sánchez, que investigaba el caso del chat de WhatsApp, para cuestionarle si la licenciada María Palou, asesora de infraestructura de Fortaleza, era parte del caso. López alega en la declaración jurada que Palou es enemiga de Torres.
