Secretario muestra reservas con propuesta reforma de Educación Especial

Eligio Hernández mencionó que la medida pudiera crear un “choque de política pública”

Por Manuel Guillama Capella

A pesar de que endosó el proyecto que establecería una nueva ley de Educación Especial, el Departamento de Educación presentó una serie de recomendaciones que se alinean con las preocupaciones de múltiples organizaciones que se han opuesto de plano a la medida.

En vista pública de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado, el secretario de Educación, Eligio Hernández, se expresó en contra de las disposiciones del Proyecto de la Cámara (PC) 1945 que crearían una secretaría asociada de Educación Especial que, esencialmente quedaría fuera de la jurisdicción del Departamento de Educación. Según la medida, sería el gobernador quien nombraría directamente al secretario asociado, con el consentimiento el Senado.

Esto podría “crear un potencial choque de política pública”, de acuerdo con la ponencia presentada por Hernández. “Por ende, entendemos que no es favorable la propuesta de separar el Programa de Educación Especial del Departamento”, agregó.

Asimismo, el secretario tampoco favoreció la idea de que los jueces administrativos, que actualmente se desempeñan como contratistas del Departamento de Educación, sean nombrados por el gobernador. Hernández resaltó que en el año escolar 2017-2018 los jueces administrativos resolvieron en los plazos definidos por ley federal el 100% de las querellas presentadas.

El funcionario recordó que la compensación a los jueces administrativos se sufraga con fondos federales, por lo que alteraciones al mecanismo de nombramiento pondrían en riesgo estas asignaciones.

En tanto, Hernández se opuso a que se elimine la figura de los intercesores que asisten a padres y madres en sus reclamos administrativos contra la agencia, aunque planteó que debe crearse un registro de personas autorizadas a realizar esta labor y que les aplique un código de ética. El PC 1945 eliminaría el concepto de los intercesores, sustituyéndolos por una Junta Examinadora de Defensores de Menores con Discapacidad, que estaría encargada de licenciar a las personas autorizadas a interceder en favor de estudiantes de educación especial y sus padres.

Pese a sus reservas, el secretario manifestó que “el proyecto resulta en un paso de avanzada para abrir el espacio de discusión a muchos sectores y redefinir como sociedad, tomando en cuenta los recursos disponibles, lo que queremos brindarles a nuestros estudiantes, en particular a los de educación especial”.

Junto a Hernández depuso el actual secretario asociado de Educación Especial, Eliezer Ramos, quien indicó que uno de los objetivos de la agencia es integrar más estudiantes de educación especial a la corriente regular. Actualmente, ese porcentaje ronda el 80%.

Durante la vista de esta mañana también declaró la portavoz del Movimiento por la Niñez y la Educación Pública, Jinnette Morales Díaz, quien, tal como han hecho en pasadas semanas otros grupos que abogan por los niños con necesidades especiales, se opone al PC 1945, que derogaría la Ley 51-1996 de Educación Especial

Para Morales Díaz, al limitar la jurisdicción del secretario de Educación sobre el programa de Educación Especial, se “segrega” a esta población de estudiantes.

“Nuestra población necesita confrontar la vida como es y nuestro deber como sociedad es aceptarlos con sus diversidades, desarrollar al máximo su potencial, pero siempre con el norte de la inclusión”, sostuvo Morales Díaz, quien es madre de una menor con síndrome Down.

A preguntas del presidente de la comisión, Axel “Chino” Roque, Morales Díaz afirmó que con enmiendas a la Ley 51 sería suficiente para atender las deficiencias que enfrentan los programas de educación especial. Sin embargo, enfatizó que hasta el momento el principal problema ha sido la “falta de voluntad” para implementar los estatutos locales y federales que protegen a los niños de esta corriente académica.

“Ninguna población está tan protegida legalmente como aquí. Tenemos leyes de más. Pero nadie ha ido preso ni ha pagado consecuencias” debido a los incumplimientos en la prestación de servicios, dijo Morales Díaz.

A la vista de hoy se ausentó sin presentar excusa la Administración de Rehabilitación Vocacional. Roque indicó que se proponía citarlos nuevamente para la próxima vista, que debe celebrarse la semana entrante.

La medida, de la autoría del representante Rafael “June” Rivera, es virtualmente idéntica a un proyecto que fue vetado por el pasado gobernador, Ricardo Rosselló.

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