La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) radicó una querella contra Rafael Batista, expresidente de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), y otra contra Efraín Oliver, un exempleado del canal, por supuestamente establecer acuerdos contractuales sin este último haber cumplido un plazo de dos años fuera del Gobierno, como requiere la Ley de Ética Gubernamental aprobada en el 2012.
Según ambas querellas en poder de este diario, la compañía de Oliver, llamada EBTV, se registró en el Departamento de Estado el 24 de abril del 2015, después que este dejó de trabajar en WIPR. El contrato de asesoría con la estación se firmó el 23 de enero de 2017, solo a un año y diez meses de dejar sus funciones en la corporación pública.
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El acuerdo de asesoría fue inicialmente por $16,000, pero luego fue enmendado, y para junio de 2017 —menos de cinco meses después— ya ascendía a $45,000 y fue avalado por Batista sin una dispensa de la OEG, de acuerdo con la querella expedida por la agencia el pasado 23 de octubre.
Oliver, según el contrato, era asesor en el Departamento de Ingeniería de WIPR, además de asesor de instalación de equipo de televisión y de remodelación de unidades de trabajo. Se le podía asignar, además, cualquier otro asunto que determinara el presidente de la corporación pública.
Dicho contratista ocupó varios puestos en WIPR desde el 1996, que incluyen operador de equipo de radio y televisión, hasta ser gerente de producción en el 2015 de la recientemente cerrada estación del Canal 6 en Mayagüez.
La OEG solicitó la imposición de una multa de $20,000 para cada uno. Además, pidió una sanción civil para Oliver equivalente a tres veces el valor del beneficio económico recibido. Ambos tendrán 20 días a partir de la presentación de la querella para contestar las imputaciones.
La investigación de la OEG fue inicialmente revelada en un reportaje investigativo de Metro y Radio Isla 1320 el pasado febrero. En aquel momento, este periódico reseñó cómo, a lo largo de dos años, WIPR otorgó múltiples contratos a EBTV, que sumaban más de $300,000 sin mediar los debidos procesos de subasta. Además, los contratos otorgados a Oliver tenían una doble función: asesorar al presidente de la corporación pública y, a la misma vez, rentarle equipos de transmisión.
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Este mismo contratista también fue el beneficiado en una subasta del canal realizada en 2018, en la cual no fueron consideradas todas las compañías de equipo y transmisión televisiva interesadas, según denunció una empresa a este medio.
Al cierre de esta edición, no fue posible conseguir una declaración de Batista sobre la querella.
En febrero de este año, al ser cuestionado sobre la investigación, Batista alegó que los contratos de Oliver contaban con el aval de la OEG. “Nosotros fuimos a Ética Gubernamental. Mi hermano, aquí no hay ningún entuerto. Ética Gubernamental hizo hasta una investigación de eso después”, contestó Batista en aquel momento.
Sin embargo, la OEG desmintió al funcionario.
Ya el 22 de febrero de este año, rodeado por varias controversias, Batista dejó su cargo como presidente del Canal 6.
