La secretaria de Justicia, Denisse Longo, aseguró hoy que el Departamento que dirige tiene cerca de 50 vacantes en puestos de Fiscalía, por lo que buscarán solicitar a la Junta de Control Fiscal (JCF) allegar fondos para estas contrataciones.
La funcionaria, tras una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez, indicó que aunque no le preocupa, comentó que estarán sometiendo una reprogramación de fondos al ente fiscal para allegar meas recursos que atiendan la contratación de personal e inversión en el sector de informática de la agencia.
“Estamos, como todas las agencias, atendiendo las deficiencias de presupuesto para nómina y recursos humanos para asegurarnos que tenemos el personal necesario para prestar los servicios. Hemos perdido algunos fiscales y estamos trabajando para conseguirlos…Hay vacantes 46-50”, sostuvo a su salida de La Fortaleza.
Indicó, además, que el Departamento tiene 386 plazas de fiscales.
Asimismo, indicó que buscan allegar fondos al Registro Demográfico para atender los sistemas de informática. Aclaró que hasta el momento no han presentado dicha solicitud.
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Asegura no hay distinción en órdenes de allanamiento
Por su parte, la secretaria de Justicia rechazó que la orden de allanamiento diligenciada contra tres medios de comunicación se tratara de carpeteo digital y comentó que las órdenes de allanamiento no distinguen a la persona a la cual se le dirige.
“La persona que se está investigando no cambia el proceso, el proceso es exactamente el mismo. Todas las órdenes requieren del mismo proceso legal. Es el mismo estándar”, dijo.
Añadió que las órdenes que solicita el Departamento de Justicia se realizan en cumplimiento de requisitos constitucionales que luego deben pasar por el cedazo de un tribunal.
Como parte de una pleito judicial contra estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el Departamento de Justicia (DJ) solicitó en mayo de 2017 obtener información de miles de usuarios que siguen a tres medios de comunicación. El juez Rafael Jiménez Rivera otorgó la orden judicial solicitada por el DJ el 5 de mayo de 2017, y Facebook entregó más de mil documentos, que incluye mensajes privados entre los medios y los seguidores, información confidencial bancaria, fotografías y la identidad de quienes publicaron en los medios. La orden judicial surgió a raíz de que el pasado 27 de abril de 2017, un grupo de estudiantes irrumpieron en una reunión de la Junta de Gobierno para manifestarse en contra del plan fiscal que, en aquel momento, proyectaba un recorte presupuestario de $241 millones.