La secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones junto a la jefa de Fiscales Arlene Gardón Rivera, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Elmer Román y el comisionado de la Policía Henry Escalera informaron que Fiscales de la División de Crimen Organizado y de Strike Force de Caguas y Ponce, sometieron el jueves 272 denuncias por violaciones por Ley de Armas y Ley de Sustancias Contraladas, como resultado del Operativo Sin Fronteras II.
“El operativo de hoy es un gran ejemplo de lo que podemos lograr cuando se unen voluntades, recursos e inteligencia para atacar un problema. En esta investigación se intervino con una red de personas envueltas en un mercado negro que amenaza la seguridad de nuestros ciudadanos. Las ventas ilegales de armas y municiones tienen un impacto directo en los actos violentos que estamos presenciando en Puerto Rico. Nuestro mensaje es uno: no vamos a permitir que interrumpan la paz de los buenos ciudadanos que residen en nuestra isla con estas transacciones ilícitas”, sostuvo el Secretario de Seguridad Pública, Elmer Román.
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Este operativo es el resultado de una investigación realizada por la División de Drogas Metropolitana del Negociado de la Policía de Puerto Rico con la División del Crimen Organizado y las Drogas del Departamento de Justicia. En esta investigación se intervino con una red de personas que vendían armas y municiones ilegales, y con personas que distribuían sustancias controladas ilegalmente.
La investigación que tomó más de un (1) año y requirió la realización de más de 109 transacciones encubiertas entre armas (65) y drogas (44) en las diferentes jurisdicciones, resultó en la radicación de cargos contra
97 imputados y la imposición de fianzas que en total es 43,670,000 dólares. Las transacciones encubiertas se llevaron a cabo en las jurisdicciones de: Bayamón, Caguas, Carolina, Ponce y San Juan.
La investigación fue liderada por la Fiscal María del Mar Ortiz Rivera, Directora de Crimen Organizado y Drogas y Coordinadora de Strike Force Estatal, junto a los fiscales de la División de Crimen Organizado:
Leilany Vargas de la Paz (Strike Force-San Juan)
Héctor Siaca Flores (Strike Force-Bayamón)
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Carlos Rivera Lloréns (Strike Force- Carolina)
Begoña de Jesús Meléndez (Strike Force-Carolina) y los Fiscales de Strike Force Estatales:
Juan Pumerejo García (Ponce)
Rodolfo Olmedo (Caguas)
Longo Quiñones indicó que “esta iniciativa se implementó para continuar impactando el trasiego ilícito de armas y sustancias controladas en la Isla. La investigación reveló que las personas envueltas en este tipo de negocio son de todo tipo de clase social y económico. Todos deben de estar advertidos que estamos supervisando este mercado ilegal, los vamos a buscar y a radicarles cargos”.
Por su parte el Comisionado de la Policía de Puerto Rico indicó que “los esfuerzos del Negociado de la Policía están dirigidos a combatir la criminalidad y sacar de circulación cualquier elemento ilegal que abone a la violencia en nuestras comunidades. Continuaremos ejecutando los distintos planes de trabajo para, en unión a los entes municipales, estatales y federales, lograr un Puerto Rico más seguro para todos. No escatimamos en la asignación de recursos para atender el desafío que representa la criminalidad en nuestras comunidades”.
El TC Rolando Trinidad, Comisionado de la Secretaría Auxiliar de Investigaciones Criminales, el TC Rafael Rosa Córdova, Director del Negociado de Drogas y el teniente Iván Bahr Silva, director de Drogas Metropolitana que cubre las regiones de San Juan, Bayamón y Carolina, coordinaron la realización de las transacciones encubiertas en todas las jurisdicciones impactadas.
Los recursos dedicados por el Negociado de la Policía para las compras encubiertas de armas y sustancias controladas que excedieron 171,000 dólares en fondos públicos para costear la investigación, evidencian el compromiso del componente de seguridad en erradicar los crímenes procesados. Se compraron 86 armas de fuego en transacciones encubiertas como parte de la investigación, incluyendo 36 pistolas y 50 rifles. La investigación también incluyó la compra de heroína, marihuana, cocaína, y crack en cantidades para distribución.
Longo Quiñones expresó que este tipo de operativo tiene como objetivo sacar de circulación armas de fuego ilegales que se usan para masacres, para resolver riñas entre personas en lugares públicos, y cuyas víctimas son ciudadanos que cumplen con la ley. “La venta de armas ilegales no es un negocio aceptable y aquellos que violen la ley, tendrán que enfrentar las consecuencias”, concluyó Longo Quiñones.
