Maestros y policías retirados presentan plan alterno para proteger pensiones

Un grupo de maestros y policías jubilados llegó esta mañana hasta La Fortaleza con la intención de presentarle a la gobernadora Wanda Vázquez una propuesta distinta al acuerdo al que llegó el Comité Oficial de Retirados (COR) con la Junta de Control Fiscal (JCF), que contempla recortes al 40% de los pensionados del gobierno central.

De acuerdo con Pedro Pastrana Ortiz, del Capítulo de Jubilados de la Federación de Maestros (FMPR), el plan que trajeron hasta la Mansión Ejecutiva no solo sirve para corregir la injusticia de los recortes de hasta 8.5% en las pensiones de quienes trabajaron por décadas en el sector público, sino que protegerían la ya maltrecha economía de Puerto Rico.

“El COR llegó a un acuerdo donde no garantiza el que luego del recorte de 8.5% no haya un próximo recorte, porque nos deja como acreedores no asegurados. Y si Puerto Rico cae en una segunda quiebra, que es lo que los economistas están augurando, volverían (a ajustar) sobre las pensiones. Ya (los bonistas) de Cofina (Corporación para el Fondo de Interés Apremiante), quedaron asegurados. Los bonistas de la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica) probablemente van a ser asegurados. Lo que estamos planteando es que es un acuerdo en contra de los derechos adquiridos del magisterio y los pensionados de otras agencias y por eso no lo vamos a avalar”, aseguró Pastrana Ortiz a la prensa frente a las vallas de seguridad que la Policía colocó en la intersección de las calles Fortaleza y Cristo.

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Para el líder magisterial, separar más fondos para cumplir con los pensionados deriva en beneficios económicos para la economía del país, en comparación con el dinero que se destine a acreedores extranjeros.

Pastrana Ortiz se mostró satisfecho con la resolución concurrente que esta semana aprobó de manera unánime la Cámara de Representantes, en la que expresan su oposición a los niveles de recortes acordados por la JCF y el COR, que a su vez fueron incluidos en el plan de ajuste de deudas del gobierno central que se presentó ante la jueza que preside el proceso de quiebra de la isla, Laura Taylor Swain.

La propuesta del grupo de maestros y policías, según explicaron, elimina cualquier recorte a las pensiones, convierte a los jubilados y empleados públicos activos en acreedores asegurados y crearía un fideicomiso manejado por figuras que elegirían los participantes del sistema.

Eladio Neris Mulero, portavoz de la Asociación de Veteranos de la Policía, sostuvo que los agentes de ley y orden han sufrido en carne propia la pérdida de beneficios a lo largo de los pasados años. Mencionó las reducciones en las pensiones y la falta de protección ante accidentes laborales como dos elementos que han atentado contra la calidad de vida de los policías.

“Estamos desprovistos de todo”, dijo Neris Mulero, integrante de la organización que representa a alrededor de mil policías jubilados.

Según Neris Mulero, personal de La Fortaleza recibió la propuesta de manos de los manifestantes y prometieron sostener un diálogo más adelante en el día.

Por su parte, Eulalia Centeno, también del Capítulo de Jubilados de la FMPR, dijo que la primera ejecutiva debería definir la educación –incluyendo universitaria–, la salud, la seguridad y el pago completo de las pensiones como los cuatro servicios esenciales que provee el gobierno.

Al momento de publicación, la oficial de prensa de La Fortaleza no había confirmado si algún funcionario se había reunido con el grupo de pensionados.