Gobierno y la Junta no cambiarían Ley Promesa

Mientras tanto, los representantes republicanos mostraron sus dudas ante los cambios que podría sufrir la pieza legislativa aprobada en 2016 durante la administración del expresidente Barack Obama

Por Sadot Santana

El Gobierno de Puerto Rico ayer reiteró su rechazo a que se realice una auditoría de la deuda y que se imponga un síndico para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Estas dos enmiendas que propone el congresista demócrata Raúl Grijalva a la Ley Promesa —al igual que el nombramiento de un coordinar de fondos de reconstrucción, reducción de los poderes de la Junta de Control Fiscal (JCF) y la definición de servicios esenciales— fueron los ejes centrales de la discusión en la vista pública del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, que se extendió por cerca de tres horas.

Mientras tanto, los representantes republicanos mostraron sus dudas ante los cambios que podría sufrir la pieza legislativa aprobada en 2016 durante la administración del expresidente Barack Obama. La comisionada residente, Jenniffer González, fue una de los que esbozó sus preocupaciones en torno al apoyo republicano en el Senado. Sin embargo, dijo que está dispuesta a evaluar el borrador del congresista Grijalva e, incluso, a apoyar algunas disposiciones.

Sin embargo, Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), respaldó que se nombre a un coordinador federal para que agilice los fondos de reconstrucción que, hasta el momento, no se han desembolsado. Aclaró que el coordinador no debe supervisar el manejo de estos fondos ya que —según el representante de la gobernadora Wanda Vázquez en la vista— el Gobierno central ha puesto en vigor todo lo solicitado por las agencias federales para asegurar el uso adecuado del dinero.

Y aunque Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JCF, mostró su aval a esa propuesta, la congresista Nydia Velázquez denunció que es el gobierno de Donald Trump el que ha congelado los fondos de reconstrucción para Puerto Rico, por lo que un coordinador federal sería añadir una capa burocrática innecesaria.

Mientras, Jaresko se opuso a una auditoría de la deuda y aseguró: “Promesa está funcionando”. Incluso, a preguntas del congresista Darren Soto, la funcionaria pronosticó que el mandato de la Junta podría culminar en 2024. Marrero se alineó con esa postura y aseguró que auditar la deuda provocaría un retraso del proceso de reestructuración.  “Ya llevamos tres años en esto. Hemos reestructurado mucho dinero… Va a tomar mucho tiempo. El punto es salir lo más pronto posible del proceso de quiebra”, expuso.

Además, ambos funcionarios resaltaron el hecho de que la JCF ya ha cuestionado ante el tribunal de quiebras una porción de esa deuda.

En contraste, durante el panel de los legisladores —compuesto por los novoprogresistas Antonio “Tony” Soto y Carmelo Ríos, así como los populares Eduardo Bhatia y Rafael Hernández— hubo consenso de que se debe auditar la deuda. Por su parte, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, abogó por la eliminación completa de la Ley Promesa y que se equipare a la isla con los fondos federales de Medicaid y Medicare. 

A pesar de las enmiendas que promulga el congresista Raúl Grijalva, el representante republicano Ron Bishop, también tronó contra los cambios que se sugieren y señaló que solo buscan complacer a ciertos grupos de interés. “Cambiar Promesa no va a resolver los problemas de la isla… Algunas de estas propuestas no van a pasar a ningún lado”, declaró el congresista por el estado de Utah y expresidente del Comité de Recursos Naturales.

De otra parte, Marrero y Jaresko también se opusieron a que el proyecto de ley defina los servicios esenciales. Sin embargo, Jaresko favoreció las enmiendas que promueve la congresista Nydia Velázquez para establecer normas que eviten el conflicto de interés en contratistas de la JCF. 

Jaresko, asimismo, señaló que, en ocasiones anteriores, promulgaron medidas para aumentar la participación laboral en la isla. Mencionó que la Legislatura local rechazó derogar la Ley 80, especialmente las disposiciones que evitan el despido sin justa causa. A ello la gobernadora reaccionó dejando la puerta abierta a evaluar un proyecto que altere dicha ley.

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