Gobierno de Puerto Rico reitera su rechazo a la auditoría de la deuda

Mientras tanto, el ala republicana mantiene sus dudas sobre la pieza legislativa

Por Sadot Santana Miranda

Luego de tres horas de audiencia pública sobre cambios a la ley Promesa, el gobierno de Puerto Rico ayer reiteró su rechazo a que se realice una auditoría de la deuda y que se imponga un síndico para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Estas dos enmiendas que propone el congresista demócrata Raúl Grijalva a la Ley Promesa —al igual que el nombramiento de un coordinar de fondos de reconstrucción. los poderes de la Junta de Control Fiscal (JCF) y la definición de servicios esenciales— fueron los ejes centrales de la discusión en la vista pública del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal. Mientras tanto, los representantes republicanos mostraron sus dudas ante los cambios que podría sufrir la pieza legislativa aprobada en 2016 durante la administración del expresidente Barack Obama. Durante la vista, la comisionada residente, Jenniffer González, fue una que esbozó sus preocupaciones en torno al apoyo republicano en el Senado. Sin embargo, confesó que está dispuesta a evaluar el borrador del congresista Grijalva e incluso a apoyar algunas disposiciones.

Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), respaldó que se nombre a un coordinador federal para que agilice los fondos de reconstrucción que hasta el momento no han sido desembolsados a la isla. Aclaró que el coordinador no debe ser nombrado para supervisar el manejo de estos fondos en la isla ya que —según el representante de la gobernadora Wanda Vázquez en la vista— el gobierno central ha puesto en vigor todo lo solicitado por las agencias federales para el manejo de fondos. “Necesitamos coordinación desde el nivel federal”, señaló Marrero. Natalie Jaresko , directora ejecutiva de la JCF, mostró su aval a esta propuesta.  Sobre este particular, la congresista Nydia Velázquez denunció que es el gobierno de Donald Trump quien ha congelado los fondos de reconstrucción para Puerto Rico, por lo que un coordinador federal sería añadir una capa burocrática innecesaria.

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No obstante, la funcionaria se opuso a una auditoría de la deuda y aseguró que “Promesa está funcionando”. Inclusive, a preguntas del congresista Darren Soto, la funcionaria pronosticó que el mandato de la Junta podría culminar en 2024. Marrero respaldó la postura de Jaresko y comentó que realizar una auditoría de la deuda retrasar la reestructuración de la deuda.  “Ya llevamos tres años en esto. Hemos reestructurado mucho dinero…Va a tomar mucho tiempo. El punto es salir lo más pronto posible del proceso de quiebra”, expuso.

Durante el panel de los legisladores —compuesto los legisladores novoprogresistas Antonio “Tony” Soto y Carmelo Ríos, así como Eduardo Bhatia y Rafael Hernández, del Partido Popular Democrático (PPD)— hubo consenso ante la posibilidad de una auditoría de la deuda. En su alocución, la alcaldesa Carmen Yulín Cruz, abogó por la eliminación de la ley Promesa y que se equiparen a la isla con los fondos federales de Medicaid y Medicare. La ejecutiva municipal se opuso, además, a que se nombre

A pesar de las enmiendas que promulga el congresista Raúl Grijalva, el representante republicano Ron Bishop, también tronó contra los cambios que se sugieren y señaló que solo buscan complacer a ciertos grupos de interés. “Cambiar Promesa no va a resolver los problemas de la isla…Algunas de estas propuestas no van a pasar a ningún lado”, precisó el congresista por el estado de Utah y expresidente del Comité de Recursos Naturales. Marrero y Jaresko también se opusieron a que el proyecto de ley defina los servicios esenciales. Sin embargo, Jaresko favoreció las enmiendas que promueve la congresista Nydia Velázquez para establecer normas que eviten el conflicto de interés en contratistas de la JCF.

Jaresko, asimismo, señaló que en ocasiones anteriores promulgaron medidas para aumentar la participación laboral en la isla. Mencionó que la Legislatura local rechazó derogar la Ley 80, especialmente las disposiciones que evitan el despido sin justa causa. Inclusive, la gobernadora dejó la puerta abierta a evaluar un proyecto que altere dicha ley.

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