Un primer intento para enmendar la Ley Promesa tendrá lugar hoy en el Comité de Recursos Naturales en la Cámara de Representantes federal. Sin embargo, esta propuesta deberá encarar un Senado republicano que podría estar inclinado a no dar paso a reducirle poderes a la Junta de Control Fiscal (JCF).
En la vista congresional se discutirán una serie de cambios que propone el congresista demócrata Raúl Grijalva, que incluyen mecanismos para auditar la deuda, cancelar deuda no asegurada, crear la figura de un coordinador federal para la reconstrucción y que el presupuesto del ente federal sea financiado por el Tesoro de Estados Unidos y no por el Gobierno local.
PUBLICIDAD
Si en algo coincidieron las diversas voces consultadas por Metro, es que la vista de hoy es una primera oportunidad para evaluar el funcionamiento de la JCF. A juicio de Rafael Cox Alomar, abogado y excandidato a la comisaría residente, la vista funcionará para que los representantes del Gobierno local planteen que el ente fiscal “no ha surtido efecto”.
“La Junta, en muchas ocasiones, con su apego a la austeridad, lo que ha hecho es aguantar el despegue económico de la isla”, expuso el también profesor de Derecho. Sin embargo, reconoció que, en un Senado federal dominado por el Partido Republicano, será complicado para los demócratas aprobar estas enmiendas, pero señaló que se deben establecer lazos con senadores republicanos.
Kenneth McClintock, exsenador del Partido Nuevo Progresista (PNP), ve cuesta arriba que estas enmiendas sean aprobadas en el Senado federal. “Veo muchas ideas rondando que no creo que pasen el crisol de los republicanos en el Senado. No digo tampoco que es un ejercicio en futilidad, pero es el comienzo de un diálogo, pero no todo lo que aprueben en la Cámara va a pasar por los 60 votos necesarios de aprobación en el Senado”, dijo McClintock, a quien le llamó la atención que la pieza legislativa ni siquiera ha sido radicada aún.
Una de las enmiendas que podría enfrentar resistencia de los republicanos es que el Tesoro federal se encargue del financiamiento de la JCF, en lugar del Gobierno local, como ocurre en la actualidad. “Es una enmienda justa para Puerto Rico”, subrayó Cox Alomar. McClintock opinó que este cambio podría trastocar la determinación del Tribunal Supremo federal sobre la constitucionalidad de los nombramientos de los miembros de la JCF. “Lo que hay que ver es qué efecto tendría eso sobre el caso federal, porque si se está planteando que la Junta, teóricamente, es una entidad del Estado y no de la nación, si pones al Tesoro federal a financiar las operaciones de la Junta, entonces, definitivamente, lo convertirías en una entidad federal”, argumentó.
Mientras que Miguel Rivera Quiñones, profesor de Ciencias Políticas en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), no cifró muchas esperanzas en el proceso debido a que, según el académico, la Ley Promesa está diseñada para “garantizar que los intereses de los acreedores reciban el monto más alto posible sobre los bonos y deudas que adquirieron del Gobierno de Puerto Rico”. Resaltó, además, que muchas campañas de sectores del Partido Republicano son financiadas por sectores bancarios. Rivera Quiñones, además, coincidió con McClintock en que el caso que se debate en el Tribunal Supremo federal podría jugar un rol en estas enmiendas, ya que diversos sectores han anticipado que el máximo foro judicial afirmará la constitucionalidad de los nombramientos de la JCF. “La correlación de fuerzas no está en favor de Puerto Rico”, sentenció el académico.
Por su parte, Cox Alomar mencionó que la gobernadora Wanda Vázquez y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, “desperdiciaron” una oportunidad de asistir a la vista congresional y denunciar las acciones del ente fiscal. McClintock, por su parte, minimizó la ausencia de estos, ya que, a su juicio, la vista no resultará en ningún acuerdo.
