Cientos de jubilados y empleados públicos volvieron a manifestarse ayer en repudio al plan de ajuste de deudas del Gobierno central que presentó la Junta de Control Fiscal (JCF) a la jueza de quiebras Laura Taylor Swain, y que incluye recortes de hasta 8.5 % en los beneficios de los retirados del sector público.
“No han sido los pensionados que están aquí luchando quienes negociaron ese recorte, fue un comité pequeño, y ahora los pensionados van a estar luchando en contra de ese recorte. Es una de las contradicciones de la señora gobernadora (Wanda Vázquez), que por un lado afirma no estar a favor de los recortes, pero no se ha reunido con ninguna de las organizaciones que estamos aquí”, dijo Eva Prados, portavoz de la organización Construyamos Otro Acuerdo, al hacer alusión al acuerdo que alcanzó la JCF con el Comité Oficial de Retirados (COR).
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Desde tempranas horas de la tarde, numerosos sindicatos y organizaciones sociales se congregaron en la Plaza Colón en el Viejo San Juan, desde donde marcharon a La Fortaleza. Aunque Vázquez, al asumir la gobernación en agosto, se pronunció en contra de recortes a las pensiones de empleados públicos en varias ocasiones, dio su aval al plan de ajuste que presentó en septiembre la JCF.
El ajuste a las pensiones aplica a los retirados que devengan más de $1,200 mensuales.
“Soy pensionado y desde hace un año estoy retirado del Departamento de Educación. Si se establece el 8.5 % como lo dice la JCF y el COR, en mi caso, serían $175 (mensuales) menos. Eso afectaría toda mi forma de vida porque solamente tengo ese ingreso. No tengo seguro social, no tengo nada como maestro (retirado)”, expresó José González, quien llegó desde Moca a la manifestación.
De manera similar se expresó la también educadora Yolanda Méndez, quien precisó que se jubila en nueve días. “La clase magisterial está bien preocupada”, sostuvo.
No a los recortes, sí a auditoría
Los manifestantes resaltaron la contradicción que, a su juicio, representa el que se les exija aceptar recortes en sus beneficios, en parte, para abonar a una deuda pública que no ha sido auditada.
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“Nosotros no nos vamos a rendir. La deuda que la pague quien la hizo”, subrayó Carmen López, de la Unión Independiente Auténtica.
En ese sentido la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, destacó que la medida que el congresista demócrata Raúl Grijalva espera presentar para reformar la Ley Promesa, y que abriría la puerta a una auditoría de la deuda, debe contener algún mecanismo para eliminar acreencias que sean declaradas ilegales, incluso si formaron parte de los acuerdos avalados por la jueza Swain.
Zoán Dávila, de la Colectiva Feminista en Construcción, advirtió que, de no ceder a los reclamos para combatir los recortes a las pensiones, la gobernadora Vázquez se expone a un “Otoño de 2019”, en alusión a las manifestaciones que derivaron en la renuncia a la gobernación de Ricardo Rosselló el pasado verano.
