Por entender que atenta contra ciertos derechos adquiridos por estudiantes y padres, dos de las organizaciones locales que apoyan el desarrollo de menores con diversidad funcional se opusieron esta mañana al proyecto del representante Rafael “June” Rivera que establecería una nueva ley de educación especial.
Durante una vista pública de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado, la organización de Apoyo a Padres de Niños con Impedimentos (APNI) presentó una lista de 13 argumentos que refutan la necesidad de la aprobación de esta medida. Una versión anterior de este proyecto, también de la autoría de Rivera, fue vetada por el exgobernador Ricardo Rosselló luego de avanzar en ambas cámaras.
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De acuerdo con APNI, la disposición de Proyecto de la Cámara (PC) 1945 que dejaría en manos del gobernador el nombramiento del secretario asociado de Educación Especial politizaría y añadiría burocracia a unos procesos que ya, con frecuencia, retrasan el acceso de los niños a los servicios educativos que necesitan.
Asimismo, la organización censuró que la medida, que derogaría la Ley 51 de 1996, estatuto que regula los servicios educativos para la población de estudiantes con necesidades especiales, crea la figura del Defensor de Menores con Discapacidad, que a su vez eliminaría a los llamados intercesores que, tradicionalmente, asisten a padres y sus hijos en los procesos administrativos del Departamento de Educación.
Según la pieza legislativa, los defensores de menores deberán estar licenciados por el Estado, y penaliza con multas y hasta cárcel a aquellas personas que ejerzan este papel sin autorización.
En el proyecto “no se justifica la derogación de leyes o reglamentos existentes, toda vez que lo que encontramos en el PC 1945 son traducciones y reproducciones selectivas y parciales de las fuentes originales”, como la ley federal IDEA y la propia Ley 51, planteó APNI en su ponencia, firmada por la directora ejecutiva Celia Galán.
APNI también manifestó su preocupación ante la propuesta de que los jueces administrativos, al igual que el secretario asociado, sean nombrados por Fortaleza con el consentimiento del Senado.
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Durante la vista, el senador independentista Juan Dalmau sostuvo que esta disposición le restaría “poder” a los padres de los menores, pues la remoción de un juez administrativo confirmado por el Senado sería mucho más complicada que bajo el sistema actual, donde son contratistas independientes.
Por su parte, la Alianza de Autismo de Puerto Rico (AAPR) apuntó que el PC 1945 “segrega” a los estudiantes de con necesidades especial en lugar de aspirar a integrarlos a los programas de corriente regular dentro del sistema educativo público. También anticiparon que la medida elevaría los costos en la búsqueda de remedios, al prohibir la solicitud de reconsideración a los jueces administrativos, obligando a los padres a acudir a los tribunales.
AAPR reiteró también que el proyecto, que ya fue aprobado en la cámara baja, limita los derechos de padres y estudiantes ante el Estado.
“Lamentablemente, muchos funcionarios y padres se dejarán llevar por este proyecto que resume en 200 páginas lo que la Ley IDEA manda en miles de páginas”, sostuvo la organización a través de Aida Ortiz Báez, madre de tres menores con diagnóstico de autismo.
Tanto APNI como AAPR puntualizaron que actualmente los problemas en los servicios de educación especial están relacionadas con la mala ejecución, y no con la legislación vigente.
En tanto, el Departamento de Justicia, indicó que la medida cumple con el estado de Derecho vigente, aunque recomendó que se enmiende el nombre del Defensor de Menores para evitar confusión.
El presidente de la comisión, Axel Roque, le pidió al representante de la agencia, el abogado Iván Soto, que antes de culminar la semana, Justicia presente una opinión acerca de la compatibilidad del PC 1945 con las disposiciones de la determinación judicial en el pleito de clase Rosa Lydia Vélez.
Roque anticipó que la próxima semana convocaría a una nueva vista pública sobre el proyecto.
