La Junta de Control Fiscal (JCF) responsabilizó a la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de estar en una situación en la que no aguanta un nuevo recorte de $71 millones para el próximo año fiscal, lo que podría obligarlos a cerrar recintos, ya que si hubieran implementado las recomendaciones que el ente federal les hizo, la situación no se habría dado.
Así reaccionó la Junta en declaraciones escritas, a las expresiones que hiciera más temprano el presidente de la UPR, Jorge Haddock, quien afirmó que, aunque no lo han contemplado, si reciben ese recorte, se verían forzados a cerrar algunas unidades.
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“Entre las medidas fiscales sugeridas por la Junta sí figura la consolidación de servicios administrativos: finanzas, legal, y recursos humanos, entre otros. Si la UPR hubiese implementado las medidas fiscales contenidas en el plan fiscal certificado desde un inicio, hoy tendría suficientes fondos para operar los 11 recintos”, dijo la Junta.
El ente federal aclaró que no han recibido ninguna propuesta formal sobre este asunto por parte de la UPR, y que la Junta no ha sugerido el cierre en ningún momento, ni está dispuesto en el plan fiscal.
“Aumentos en costo de matrícula no se está contemplando en este momento. Posiblemente, vamos a tener que cerrar (algunos recintos). Vamos a tener que hacer algunos ajustes que no se han contemplado hasta este momento. Nosotros queremos mantener los 11 recintos abiertos. Estamos comprometidos a que no haya despidos, pero va a ser retante con ese tipo de recorte”, expresó Haddock a los medios antes de una reunión en La Fortaleza con la subsecretaria de la Gobernación, Lilliam Sánchez Pérez. También anticipaba que pediría a la gobernadora Wanda Vázquez dejar sin efecto los recortes y que les permitan trabajar el nuevo modelo presupuestario.
El martes, durante una asamblea estudiantil en el Recinto de Río Piedras, se alertó de que el recorte previsto podría dejar inoperante hasta ocho unidades del sistema universitario.
“Responsablemente, tendríamos que hacer un estudio más profundo, de ese ser el caso (el recorte propuesto)… Estamos hablando de que (tendríamos) que volver a ver cuál sería el impacto sobre el presupuesto”, sostuvo Haddock. El recorte en las asignaciones gubernamentales para el próximo año fiscal sería de $71 millones. Esto significaría, al combinarse con los $330 millones que el Estado ya ha recortado en los pasados tres años fiscales, que la UPR habría perdido más de $400 millones en su financiamiento anual.
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Mientras, el representante estudiantil graduado ante la Junta de Gobierno de la UPR, Jorge Rivera Velázquez, recordó que, desde 2016, han denunciado que esto iba a pasar. “Creo que el presidente, el discurso de decir que los recortes son manejables, él se lo creyó, pero todos sabemos que la comunidad universitaria viene diciendo que los recortes a la institución no son manejables, que la universidad nunca se le debió de recortar”, dijo. Argumentó que cuando la Universidad comenzó a recibir el impacto de los recortes, ya venía con la fórmula de asignación de fondos congelada, lo que representaba que había perdido más de $500 millones.
Reiteró que el estudiantado se opone rotundamente al cierre de recintos. “Esto tiene un impacto más allá de la universidad y otros estudiantes, tiene unos impactos profundos en el sector social y económico del país”, sostuvo.
Cámara investigará
Por su parte, el vicepresidente cameral, José “Pichi” Torres Zamora, manifestó que resulta contradictorio que, por un lado, se hable de cerrar recintos, y por otro, se otorguen contratos a Microsoft por $3 millones y a la empresa de seguridad O’Neill Security Consultant Services, por una cantidad no detallada y que se añade a la seguridad interna universitaria. Adelantó que someterá una resolución para investigar la justificación de estas inversiones.
Manuel Guillama colaboró en esta historia
