Los nombramientos de la Junta de Control Fiscal (JCF) penden de un hilo, ya que el Tribunal Supremo de Estados Unidos deberá decidir si estas designaciones se hicieron correctamente o si necesitan pasar por el cedazo del Senado federal.
Los nueve jueces del máximo foro federal atenderán desde hoy el caso en Washington D. C. y, de acuerdo con expertos consultados por Metro, la discusión podría tocar fibras de la condición territorial del país e impactar las decisiones que ha tomado el ente fiscal hasta el momento.
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Para Yanira Reyes Gil, abogada constitucionalista, el foro judicial deberá decidir si en Puerto Rico aplican protecciones constitucionales federales que emanan de la separación de poderes, como por ejemplo la cláusula de nombramientos.
“La teoría [del Gobierno federal] es que los territorios están bajo la cláusula territorial y de propiedad y que, por lo tanto, el Congreso de los Estados Unidos tiene total poder de determinar el futuro, el destino y las normas que aplican a los territorios sin tener ningún tipo de limitación. Eso es una conclusión terrible para los territorios, porque querría decir que los elementos básicos de la democracia no nos aplican”, señaló la también profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.
En febrero, el Tribunal de Apelaciones en Boston decidió que los nombramientos de los integrantes de la JCF fueron inconstitucionales debido a que sus designaciones no siguieron la cláusula de nombramientos de la Constitución de Estados Unidos, que requiere el nombramiento del presidente y luego la confirmación del Senado.
Mientras que Gerardo Carlo-Altieri, exjuez del Tribunal de Quiebras, pronosticó que la decisión del tribunal será una técnico-legal y se mantendrá al margen de las cuestiones políticas. Opinó, además, que es poco probable que el tribunal federal revoque los casos insulares de principios de siglo pasado. “Si decide no entrar a ese asunto [los Casos Insulares], podría decidir bajo consideraciones técnicas bajo la cláusula de nombramientos y no meterse en las cuestiones políticas”, comentó. Estos dictámenes judiciales concluyeron que la Constitución de Estados Unidos no aplica en su totalidad a territorios no incorporados, como lo es Puerto Rico.
A juicio de Reyes, uno de los aspectos críticos del caso es si, de reiterarse la inconstitucionalidad de los nombramientos, el Supremo deberá resolver si las decisiones que ha tomado el ente fiscal hasta el día de hoy son válidas. Según la letrada, si el Supremo valida las decisiones que ha tomado el ente fiscal hasta el momento, se trataría de una junta inconstitucional tomando decisiones “supuestamente válidas” y les colocaría bajo una “sombra”.
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Para Carlo-Altieri, un dictamen que invalide todas las decisiones de la Junta sería espinoso para el futuro económico de la isla debido a las determinaciones que ya se han tomado en los procesos judiciales para la reestructuración de la deuda.
“Empezaríamos en cero…Eso sería dificilísimo desenredar todo ese entuerto después de 3 años. El caso [ante la jueza Laura Taylor Swain] está demasiado adelantado para hacer ese tipo de desenredo en esta etapa”, opinó el abogado.
Por su parte, ambos letrados minimizaron el planteamiento del Gobierno federal de que si el tribunal determina que los integrantes de la Junta deben ser confirmados por el Senado federal, los gobernadores y legisladores también deberán pasar por este cedazo legislativo. Reyes catalogó el argumento como una “teoría para asustar” y anticipó que “fácilmente el tribunal puede hacer una distinción entre los nombramientos que son por ley federal —como sería el caso de la Junta—y los puestos locales”, como gobernadores y legisladores.
