El representante popular Jesús Manuel Ortiz radicó un proyecto que busca obligar a las aseguradoras a informar de forma escrita y más clara a sus clientes las consecuencias de aceptar el llamado pago en finiquito.
“Lo que estoy haciendo con el proyecto es proponiendo una enmienda al Código de Seguros para prohibir que una aseguradora pueda extinguir una deuda con un acreedor, con un cliente, un consumidor a través de lo que se conoce como pago en finiquito, sin antes notificar por escrito a ese consumidor cuáles son las consecuencias de ese pago”, expuso el legislador en entrevista con Metro.
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Según precisó, ha recibido llamadas y visitas de asegurados que alegan que obtuvieron el pago sin saber las consecuencias, como que no podrían reclamar más dinero si aceptan el monto que les da la aseguradora.
Afectados los individuos asegurados
“La cantidad de casos que me han llegado y la cantidad de datos que he podido recopilar en distintas fuentes son individuos. Normalmente, cuando son municipios tienen asesor legal, tienen área de Finanzas, que ya están más familiarizados con esos procesos. Pero el cliente, el consumidor, no tiene conocimiento y piensa que es un abono a la deuda, y cuando varios meses más tarde hace una reclamación, resulta que aquel pago que recibió por una cantidad bastante menor por las acciones que tomó y no estar apercibido de las consecuencias…, representó la extinción de la deuda”, detalló.
De igual forma, Ortiz comentó que el Proyecto de la Cámara 2285, surge también a causa de las reclamaciones tras los huracanes Irma y María.
Además, el legislador dijo que el pasado martes envió una carta al comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, a fin de discutir la medida. Precisamente, datos de la Oficina del Comisionado de Seguros apuntan a que hasta la fecha se han pagado $6,000 millones, lo que representa el 97.7 % de todas las reclamaciones por los huracanes Irma y María.
“Ya los tribunales han decidido aquí que la industria de seguros está revestida de interés público, porque de lo que se trata es de proteger la propiedad y la vida de las personas que compran esos seguros de buena fe. No podemos tener un sistema en el que los consumidores están seriamente afectados por la desinformación y por una relación que deja”, puntualizó Ortiz.
