Los rumores empezaron en la estación de bomberos de Byron, Georgia, poco después del inicio del tratamiento médico. El cabello del comandante se hacía más largo y eran evidentes los cambios en su cuerpo. Había que decirle a la gente.
El jefe de bomberos recuerda que una vez que se les avisó públicamente a los empleados, la voz se corrió en el pequeño pueblo de 4.500 habitantes “como si hubiera ocurrido una explosión nuclear”. Sería de ahora en adelante la jefa de bomberos, y se llamaría Rachel Mosby. Empleados le confesaron que estaban asombrados por la decisión “porque yo era el hombre más macho que conocían”, recuerda ahora Mosby.
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“Para mi sorpresa, inicialmente lo aceptaron bastante bien”, recuerda Mosby. “La gente me decía ‘Comandante, no se preocupe, nosotros la apoyamos’”.
Eso no duró mucho. Como hombre, Mosby fue jefe del departamento de bomberos por una década, hasta inicios del 2018. Fue entonces que empezó a venir a trabajar como mujer, y la municipalidad la despidió menos de 18 meses después. Su carta de despido, fechada el 4 de junio, dice que la decisión se debió a su “falta de rendimiento”. Mosby insiste en que lo único que cambió en ese tiempo fue su género.
“No querían a alguien como yo en esa posición, o en ninguna posición en la municipalidad”, dice ahora Mosby.
Bajo las leyes de Georgia, no es ilegal despedir a alguien por ser gay o transgénero. Veintiocho estados de Estados Unidos no tienen ley alguna que prohíba la discriminación laboral contra personas LGBT. Un ínfimo porcentaje de ciudades y condados cuentan con leyes locales de protección.
Es por ello que Mosby, junto con miles de otras personas LGBT, ha pedido amparo bajo una ley federal que protege a todos de la discriminación sexual.
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La Comisión Estadounidense para la Igualdad en el Empleo ha considerado casos de discriminación contra personas LGBT como discriminación sexual, desde el 2013. Pero ello podría acabar, dependiendo de lo que decida la Corte Suprema en base a los casos que escuchó el 8 de octubre, sobre los despidos de hombres gay en Georgia y Nueva York, y el despido de una mujer transgénero en Michigan.
La pregunta fundamental: ¿Se puede considerar el despido o el acoso de una persona en base a su orientación sexual o identidad de género como un caso se discriminación sexual, según el Título VII de la Ley de Derechos Civiles?
Si el tribunal falla que las leyes federales no pueden proteger a los empleados gay o transgénero, ello dejaría vulnerables a millones de personas en más de la mitad de los estados de Estados Unidos, según un análisis de la AP.
Sólo 21 estados tienen sus propias leyes contra la discriminación laboral en base a orientación sexual o identidad de género. Wisconsin prohíbe la discriminación por orientación sexual pero no por ser transgénero. Y menos de 300 ciudades y condados cuentan con normas que protegen a la gente LGBT, dice un grupo activista.
Eso quiere decir que hay una enorme cantidad de localidades donde los LGBT no están protegidos, más allá de lo que establece el Título VII. Aproximadamente la mitad de los 8,1 millones de empleados LGBT en Estados Unidos viven en estados donde no hay leyes que los protejan, según el Instituto Williams de la Universidad de California en Los Ángeles.
“Si la Corte Suprema decide en contra de los empleados LGBT, estos empleados tendrán que ser sumamente discretos y cautelosos a la hora de vivir sus vidas abiertamente”, estima Jillian Weiss, un abogado en Nueva York que se especializa en casos de discriminación contra personas LGBT. “Podrían sufrir mucha discriminación sin que puedan hacer nada al respecto”.
La AP halló que las personas LGBT son particularmente vulnerables en el sur, donde vive aproximadamente el 35% de esa población estadounidense adulta. De los 16 estados que el censo considera del sur, sólo Maryland y Delaware prohíben la discriminación laboral contra gente gay o transgénero. Las protecciones a nivel local son muy pocas: la mayoría de los estados del sur tienen menos de cinco ciudades o condados que estipulan ese tipo de protecciones.
Carolina del Sur no ofrece protección alguna, ni a nivel estatal ni local. Arkansas, Carolina del Norte y Tennessee aprobaron leyes que les impiden a las autoridades municipales aprobar normas de protección de gente LGBT.
Tal esquema implica que apenas un 18% de los adultos en el sur están protegidos de la discriminación laboral por ser LGBT, comparado con 89% en el noreste, según Naomi Goldberg del Movement Advancement Project, una organización que estudia leyes de protección contra la discriminación de personas LGBT.
La decisión de la Corte Suprema, esperada para el año próximo, podría determinar la suerte de la demanda entablada por Lonnie Billard en Carolina del Norte, contra la arquidiócesis de Charlotte y una escuela secundaria adscrita. Un juez federal puso en pausa el caso de Billard hasta que se pronuncie el máximo tribunal.
Billard, maestro sustituto y desde hace años empleado de la escuela Charlotte Catholic High School, fue despedido tras anunciar en Facebook en el 2014 que se iba a casar con su novio.
Los abogados de la arquidiócesis argumentan que Billard fue despedido por “abogar en favor del matrimonio homosexual lo que viola las creencias fundamentales de la Iglesia Católica”. Insisten en que el plantel tiene el derecho legal a despedirlo debido a que es un colegio religioso.
El caso de Billard es un ejemplo del dilema que podría agobiar a parejas gay si la Corte Suprema, que en el 2015 declaró legal el matrimonio homosexual, decide que las leyes federales no los pueden proteger de la discriminación laboral.
“Uno podría casarse un sábado y ser despedido el lunes, sin poder hacer nada al respecto”, expresó Luke Largess, uno de los abogados de Billard.
Diversos activistas opinan que el involucramiento de la junta para la igualdad en el empleo está marcando una diferencia. La comisión recibió más de 8.600 denuncias de discriminación por ser LGBT entre 2012 y 2018. Más de 1.300 casos terminaron con pagos de compensación a las víctimas.
Brandi Branson, una mujer transgénero que fue despedida por una clínica oftalmóloga en Florida en el 2011, recibió 150.000 dólares como compensación luego que la comisión entabló la demanda a su nombre.
“Eso fue algo que significó mucho para mí, significó que alguien me escuchó”, expresó Branson. “Me siento vindicada, no sólo como persona, en lo personal, sino en cuanto a mi denuncia de que se cometió una injusticia”.
Los críticos denuncian que la comisión se está excediendo, al conferir protecciones de Título VII a personas LGBT. La ley federal no menciona orientación sexual ni identidad de género. Si bien prohíbe la discriminación laboral en base a sexo, el Congreso no consideró que ello incluía la discriminación por ser LGBT en el momento de aprobar la ley en 1964, dijo John Bursch, del grupo activista Alliance Defending Freedom.
Bursch es abogado de una funeraria en Michigan que en el 2013 despidió a Aimee Stephens, una mujer transgénero, en uno de los casos estudiados por la Corte Suprema. Bursch argumenta que el Congreso tendría que modificar la ley si es que quiere proteger a la gente LGBT.
“Independientemente de lo que uno opine sobre las protecciones laborales a gente LGBT, todos deberían estar molestos por el hecho de que una agencia pública … podría penalizar a alguien en base a una ley cuya nueva interpretación no fue prevista hace 50 años”, expresó Bursch.
En Georgia, Mosby sigue esperando a que la comisión decida si la defenderá en su demanda contra la municipalidad de Byron, y en tal caso, si será afectada por la decisión de la Corte Suprema.
Tras anunciar públicamente su transición el año pasado, Mosby dice que se le ordenó venir a trabajar en uniforme cuando vino un día en falda, cuando antes venía en traje y corbata. Cuando Mosby despidió a un bombero que la insultó directamente, el bombero apeló la decisión y la municipalidad lo reinstauró.
En enero, la municipalidad de Byron modificó sus políticas para prohibir que el jefe de un departamento pueda apelar la decisión en caso de ser despedido. Aun así Mosby se sorprendió cuando Derick Hayes, el administrador municipal de Byron, la despidió.
Hayes citó tres razones en la carta de despido: que ella fue responsable de retrasos en el otorgamiento de licencias para negocios; que ella asistió sólo a cinco clases en una conferencia reciente y por ende desperdició fondos públicos y que ella no actualizó su certificado de investigadora autorizada para incendios intencionales.
Hayes no respondió a mensajes pidiéndole su versión de los hechos. El alcalde de Byron, Lawrence Collins negó que Mosby fue despedida por ser transgénero.
“La respuesta en resumen es no, y creo que los documentos lo fundamentan”, dijo Collins, quien se negó a dar detalles.
Mosby dice que su despido la dejó en graves problemas económicos y afectó las relaciones con su familia, ya tensas debido a su transición.
“Perdí a mi familia, perdí mi casa”, dijo Mosby. “Vivo con amigos y gracias a ellos tengo donde vivir y qué comer, pero esto ha sido totalmente devastador”.
